A mediados de los años 90, durante su primer periodo presidencial, Bill Clinton echó a andar la llamada Operación Guardián, una estrategia que implicaba la instalación de videocámaras con visión nocturna en los principales puntos de cruce de migrantes, el reforzamiento de la Patrulla Fronteriza con elementos militares y apoyo de la Guardia Nacional y recorridos permanentes en la línea divisoria.
La Operación Guardián no logró contener el flujo de personas, en su mayoría procedentes de Centro América, que huían de la violencia que generaban las maras y clicas, y de la pobreza que habían dejado lustros de guerras civiles en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Esta política de Clinton obligó a las personas migrantes a buscar rutas cada vez más largas y peligrosas a través del desierto, las montañas y los puntos más caudalosos del río Bravo e hizo más caro e inhumano el negocio de los polleros.
Lo poco positivo que dejó la estrategia demócrata fue el fortalecimiento de organizaciones de apoyo en ambos lados de la frontera con organizaciones como la YMCA del lado estadounidense y la congregación de los Hermanos Scalabrini, que instalaron las primeras casas del migrante en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, y una más en el sur, en Tenosique, Tabasco.
A finales del siglo pasado e inicios del presente, realicé mis primeros viajes a la región de las dos Californias y los dos Laredos, y recorridos por rutas migrantes por Matehuala, en San Luis Potosí, por Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y luego a la frontera sur en Chiapas y Tabasco, cuando persistía la sobremilitarización por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El exceso de controles en el norte era la contradicción absoluta a la laxa vigilancia del sur, donde cualquiera podía cruzar caminando o nadando por zonas urbanas importantes como Tapachula, o por ciudades pequeñas como La Mesilla, Guatemala, que se separaba de Ciudad Cuauhtémoc, México, por apenas una pluma en la carretera. Pero había otras zonas en la región de Montebello, en Chiapas, donde no existía un límite claro entre nuestro país y Guatemala.
Algunos años después, cuando era director de una radio en Chiapas, retomé los temas migratorios y los contactos con organizaciones de la sociedad civil que intentaban apoyar a quienes nunca han dejado de pasar por el territorio en búsqueda de la frontera norte.
En un foro sobre el tema, recuerdo una charla con el experimentado reportero Marco Lara, que destacaba los excesos de la prensa mexicana al criminalizar la migración, ubicar las historias de migrantes en la sección policiaca y redactarlas sin el menor reparo en los derechos humanos.
Muchas tragedias de migrantes se han registrado desde entonces: el asesinato masivo de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas; las extorsiones en la ruta del tren conocido como La Bestia; los secuestros, violaciones y desapariciones forzosas en prácticamente cualquier entidad por donde transitan los migrantes, incluyendo Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, y estas recientes historias en un centro de detención en Ciudad Juárez y los nuevos secuestros en Guanajuato y San Luis Potosí.
Muchos medios mantienen su pobre cobertura periodística criminalizando a quienes deciden buscar un nuevo lugar para vivir; otros medios han perdido la brújula y ahora solo han revictimizado a estas víctimas de todas las formas de violencia, especialmente la institucional, que ni siquiera ha sido capaz de brindarles la asesoría y acompañamiento mínimo y menos les cumplió una promesa expresada en noviembre de 2018 por el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: “vengan todos, aquí les vamos a dar empleo”.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo hoy”, que se transmite los martes a las 13:00 h, por Radio Educación.
