Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto por el que se declara Peña Colorada como Área Natural Protegida, recapitulé diversos momentos de la cobertura informativa que me tocó realizar a lo largo de los años sobre este tema.
Los riesgos a los que ha estado expuesta la zona por más de 20 años, han sido documentados por ecologistas y medios de comunicación.
Recuerdo la tenacidad de la ambientalista América Vizcaíno, a pesar de la embestida en su contra por los intereses que se estaban tocando… las constantes difamaciones nunca la amedrentaron.
También vienen a la memoria los “mensajes sutiles” enviados a través de compañeros de trabajo para que ya no le siguiera rascando al asunto con publicaciones o se moverían “más arriba”.
Pero ahí estaban las denuncias de ejidatarios sobre las fuertes presiones que recibían para vender sus tierras a precios por debajo de su valor real, y las elocuentes declaraciones de autoridades estatales y municipales de que “estaban trabajando” para proteger la zona.
En noviembre del 2001, durante la administración del alcalde Rolando García, el ayuntamiento de Querétaro aprobó un acuerdo para declarar a Peña Colorada como área natural protegida -con categoría de zona sujeta a conservación ecológica-, por ser de interés público; pero, el municipio no notificó personalmente la determinación a los propietarios de los predios.
El acuerdo fue publicado en el periódico Oficial La Sombra de Arteaga hasta marzo del 2005, en el gobierno de Armando Rivera; y tras la notificación a propietarios y poseedores de predios comprendidos en la zona, algunos impugnaron el decreto vía amparo y ante el Tribunal de lo Contencioso…
De forma por demás extraña, esa administración perdió todos los juicios por omisiones tales como contestar fuera de plazo, presentar documentos sin firmas o porque funcionarios firmaron sin acreditar personalidad, etc.
Luego, el Contencioso echó abajo –también de manera sorprendente- toda la declaratoria de área natural protegida; no sólo la extensión correspondiente a quienes se opusieron, que era alrededor de una tercera parte del área protegida…
En mayo de 2007, ejidatarios del lugar describieron la forma en la que algunas personas los acosaban, con la amenaza de que si no vendían sus tierras, “el gobierno se las iba a quitar”.
Narraron incluso que fue tal la presión, que en una asamblea, más de 360 ejidatarios, de los 365 propietarios del uso común del ejido más grande y más antiguo del país, accedieron a vender su tierra en alrededor de 250 mil pesos por hectárea a inversionistas que llegaron con “maletas llenas de dinero” y dieron enganches de 20 mil pesos.
Algunos decidieron impugnar la asamblea ante la Procuraduría Agraria, argumentando diversas irregularidades; entre ellas, complicidad de autoridades. Los negociadores fueron, dijeron, Diana Pérez y Jorge Flores Cacho. Los ejidatarios pedían al gobierno estatal que adquiriera los terrenos para declarar la zona como ecológica y que les pagara un precio más justo.
En junio de 2007, Jorge Flores Cacho, en entrevista aseguró que la venta no se había concretado aún por “elementos externos” que impedían la realización de las asambleas para formalizar la negociación; y que su interés en la zona era para evitar que se diera ahí un comercio informal: “Sí me preocupa porque puede ser un desarrollo informal, y también me preocupa porque soy un ciudadano que habita esta ciudad y que, por supuesto, no me interesa que siga el crecimiento informal como los que existen hoy en Santa Rosa ¿no?”. Sin embargo, reconoció que ya se habían hecho algunos trabajos técnicos, como el levantamiento del polígono… aunque todo -subrayó- autorizado en asamblea ejidal.
El intermediario aseveró que los propios ejidatarios pusieron el precio a su tierra… “No, no, nosotros no engañamos a nadie, el precio lo pusieron ellos; efectivamente nosotros realmente ofrecíamos menos, ellos fueron los que pusieron el precio: ofrecimos 27, 29; y ellos dijeron que nos vendían en 35 (pesos m2). Llegó otro grupo (de inversionistas) que ofreció 36, pero al final los ejidatarios decidieron vendernos porque ellos no traían el dinero para cerrar la operación ese momento”.
Sobre el proyecto inmobiliario que pretendían desarrollar en Peña Colorada, señaló que mientras no tuvieran el título de propiedad no podían elaborar el plan maestro para presentar a las autoridades; aunque reveló “creemos que puede ser un predio mixto donde se puedan hacer casas habitación con densidades altas (terrenos bastante grandes) y que permitan tener un proyecto factible de crecimiento de la ciudad”.
Cuestionado sobre para quién trabajaba, respondió: “Hay un grupo de Guadalajara interesado en el desarrollo de este polígono y hay un grupo de inversionistas de Celaya”, cuyos nombres se negó a revelar; y reconoció también que desarrolladores queretanos estaban interesados.
Hoy, con todo y decreto, los conflictos no acaban… Peña Colorada ha sido, y por lo visto la semana pasada atrás, seguirá siendo el fruto apetecido…
