La tareíta…

Si Claudia Sheinbaum se convierte en la próxima presidenta de México, su mentor y líder -Andrés Manuel López Obrador- ya le dejó una tareíta: desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Si existe en el Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, si existe como organismo autónomo la Fiscalía General de la República, si existe la Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo, ¿para qué el instituto de la transparencia u otros institutos? Si hay necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información. Y esa es una función de la secretaría que lleva el nombre de Función Pública y no haría falta ese aparato, que es un florero, que está de adorno. Ojalá y nada más estuviese de adorno; cuesta muchísimo. Son de las reformas que hay que hacer hacia delante”, declaró la semana pasada en la mañanera.

¿Es el pendiente?, le preguntaron. “Sí, para que quienes nos van a sustituir se ocupen de eso”.

Y es que en su mundo, esta, y otras instituciones, son organismos fachada de una sociedad civil que los oligarcas se apropiaron, son “parapetos para simular que iba a haber honestidad y transparencia, todo aparente mientras saqueaban al país”.

Sin embargo,  su rechazo a esta institución refleja nuevamente desprecio a nuestra Carta Magna, a la transparencia y al escrutinio indispensable en una sociedad democrática.

De entrada, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena al Estado garantizar el derecho a la información. Aunque cabe aclarar que el precepto no fue contemplado por el Constituyente en el texto original de la Carta Magna publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917.

La frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, fue incluida mediante una reforma constitucional publicada el 6 de diciembre de 1977; el problema fue que esta permaneció -ahí sí- como un mero florero durante tres décadas, ya que no fue sino hasta el 2007 que dicho artículo fue adicionado con las bases y los principios que rigen este derecho humano fundamental.

Luego vinieron otras reformas y adiciones en 2013, en 2014 y en 2016, hasta llegar a lo que hoy tenemos… es decir que para consolidar este derecho en el país, la sociedad civil -que para López Obrador está integrada por “pseudointelectuales pseudoindependientes”-  se ha tenido que recorrer un camino largo y tortuoso; pero que -afortunadamente- ha llevado a que nuestra Constitución garantice, nada más ni nada menos, lo siguiente:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Y para ello, la Federación requiere contar “con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.”… esto es el INAI.

El sostener, como declaró, que el pueblo ignora que tiene este derecho –“Todavía la mayoría de la gente no sabe que existe este organismo y que se puede hacer una solicitud para pedir la información a una dependencia, a una institución del gobierno sobre los servidores públicos, sobre el presupuesto, sobre lo que ejercen, no se sabe. Entonces, no son instituciones del pueblo, para el pueblo”– y pretender que continúe así, lo muestra tal cual es: un autoritario.

Además, pretender que la Secretaría de la Función Pública (que depende del Ejecutivo federal), la Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación realicen la función del INAI es desconocer (o fingir ignorancia, lo cuál resulta inverosímil tras cinco años como presidente) la naturaleza de cada una de estas instituciones; en suma, es pisotear la Constitución.

La indiferencia o minimización del tema nos hace corresponsables del destino de este país…