Cuando el 4 de marzo, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió sobre la urgencia de proteger las elecciones en nuestro país de la violencia -”En México, en junio coincidirán varios procesos electorales en los que está prevista la elección de más de 20 mil cargos públicos (…). Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe ser resguardado de la violencia”, dijo- el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió, como es su costumbre, a las descalificaciones.
“El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento; ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación, la violencia, estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros”, declaró.
El asesinato la semana pasada de Gisela Gaytán Gutiérrez, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, le demuestra, una vez más, su cerrazón a enfrentar la realidad que se vive en gran parte del territorio nacional.
Para el funcionario de la ONU, “En América Latina y el Caribe, el dominio y la violencia ejercidos por pandillas y la delincuencia organizada constituyen importantes retos para la paz y la seguridad, con graves impactos en la vida y los derechos de millones de personas, como en Ecuador, Haití, Honduras y México”, y “Las respuestas punitivas y militarizadas han conducido en algunos casos a graves violaciones de los derechos humanos, lo que puede alimentar aún más la violencia”.
Türk planteó que únicamente las políticas basadas en los derechos humanos pueden ofrecer soluciones eficaces y sostenibles: “La corrupción, la impunidad, la débil gobernanza y las causas estructurales de la violencia -como la discriminación y las fallas en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales- deben abordarse con la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas”, y acotó: “Es necesaria una mayor cooperación internacional para abordar el comercio ilegal de armas y garantizar la rendición de cuentas por los delitos transnacionales”.
Para López Obrador, sin embargo, la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas es inaceptable, porque las considera como adversarios… son, pues, sus enemigas.
Así las cosas, el panorama expuesto en su propia mañanera por Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de que, al 1º de abril, habían recibido ¡108 solicitudes de protección!, de las cuales 86 fueron atendidas, 10 declinadas y 12 están en análisis de riesgo; y de que en el proceso electoral que inició el 1º de octubre, “lamentablemente tenemos el registro de dos candidatos fallecidos que están registrados ante los OPLE, ante los organismos electorales de los estados; el homicidio de cinco precandidatos, quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos, aunque no estuvieran registrados en los organismos electorales; también, se tiene conocimiento de ocho homicidios de personas aspirantes quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir”… es, para el señor, solo una campaña orquestada para afectarlo.
Según una investigación realizada en el 2014 (sí, ¡hace 10 años!)-Elecciones, Violencia y Estructura Social (EVES) Base de Datos Integral de Municipios Mexicanos- por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), desde el año 2008, “la preocupación por las consecuencias de la violencia del crimen organizado en la vida política de México no es un ‘problema de percepción’; responde, por el contrario, a un entorno en el que la violencia está efectivamente creciendo”; además, “a la ya veterana preocupación por superar un legado histórico de corrupción y fraude electoral se suma una nueva preocupación por impedir que el crimen organizado influya en los comicios”. Por ello, el tema de la democracia en el país se sumó, además del cómo garantizar la libertad del voto, la imparcialidad de las autoridades y la confiabilidad de los resultados, a cómo “blindar” las elecciones.
Entre los hallazgos del estudio están: la violencia sí tiene un efecto en las elecciones; esta tiene un impacto más fuerte en elecciones de ámbito federal y menos en las locales, pero incide más en el espacio local; tiene un efecto “movilizador” en localidades con niveles altos de desarrollo y “desmovilizador” en aquellas con niveles bajos de desarrollo, es decir, en el primer caso, alienta una mayor participación social y, en el segundo, la desmotiva.
El presidente minimiza el clima de violencia política, porque aceptarlo implicaría reconocer su fallida estrategia de seguridad… cuando lo que está en juego es la permanencia de la 4T en el poder.
