Resulta un tanto contradictorio que, por un lado y de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 (IEDMX) presentado hace unos días por World Justice Project (WJP), la sociedad perciba un “un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”; y, por el otro, opte vía los recientes procesos electorales por la conformación de un partido hegemónico con escasos contrapesos.
La medición de WJP analiza la situación en los 32 estados del país, con base en ocho factores relacionados con el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. A su vez, estos se dividen en 42 subfactores.
Para entender el porqué de la contradicción, basta con revisar solamente algunos de los aspectos que considera el índice; pero de entrada, cabe subrayar que de un puntaje que va de 0 a 1 -en donde 1 representa la máxima adhesión al Estado de Derecho- la calificación más alta fue de ¡0.49! (de Querétaro, por cierto), lo que significa que ninguna entidad federativa sobrepasa la media.
El factor sobre “límites al poder gubernamental”, mide -entre otras cosas- si los poderes legislativo y judicial, los organismos de fiscalización y control, la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa son un contrapeso eficaz del gobierno; si los serviores públicos son sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen con la normatividad; y si hay integridad en procesos electorales (acceso al voto, ausencia de intimidación y escrutinio público de los resultados). El puntaje más elevado obtenido en este rubro fue de 0.51 (Querétaro).
El factor “ausencia de corrupción” examina si los servidores públicos de los poderes ejecutivos estatales incurren en actos de corrupción; y si los de los poderes judiciales, los de los sistemas de seguridad y procuración de justicia, además de los poderes legislativos, abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. La puntuación obtenida máxima alcanzó 0.48 (Querétaro).
El factor de “gobierno abierto” evalúa, entre otras variables, si el derecho a la información pública se garantiza efectivamente. Aquí, la calificación máxima fue de 0.54 (Guanajuato).
En lo relacionado con los Derechos Fundamentales, el estudio considera: “la ausencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y que disidentes políticos y activistas no sean sometidos a detenciones injustificadas, amenazas, maltratos o violencia (…); el respeto a las reglas de investigación y conducción del debido proceso penal (…); si periodistas, organizaciones de la sociedad civil, integrantes de partidos políticos, activistas y personas en general pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias”; y “si el derecho a la privacidad se garantiza efectivamente”. La puntuación más elevada en este tema, fue de 0.59 (Querétaro).
El factor denominado “Orden y Seguridad” evalúa si se garantiza la seguridad de las personas y de sus propiedades, así como la tasa de homicidios, la ausencia de delitos y si las personas se sienten seguras. El mayor puntaje fue de 0.78 (Yucatán).
El factor sobre “justicia penal” analiza la efectividad y la calidad de este sistema e incluye a policías, defensores, asesores jurídicos de las víctimas, fiscales, jueces, juezas y autoridades encargadas del sistema penitenciario. Aquí, la mejor calificación fue de 0.51 (Querétaro).
¿Y qué significa todo esto? En resumen, que estamos mal, muy mal; y que como dice el presidente López Obrador, “Lo mejor es lo peor que se va a poner”, debido a que lo que viene -y no a partir de una percepción, sino de lo que está plasmado ya en iniciativas de reformas a la Carta Magna, como la reforma al Poder Judicial, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear el “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” (INEC) y la eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE), además de la desaparición de los organismos constucionales autónomos, la ampliación de los supuestos de la prisión preventiva oficiosa- no contribuirá a fortalecer el Estado de Derecho que tanto ansiamos los mexicanos.
… al tiempo.
