Todas aquellas personas que creen que nuestro sistema de justicia mejorará con la aprobación de la iniciativa de reforma al poder judicial del presidente López Obrador pecan de ingenuidad. Y la razón es muy sencilla: este está conformado no solo por quienes imparten justicia; abarca también la procuración, las estrategias de seguridad, entre otros factores.
El artículo 21 de la Constitución consigna claramente que: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público (…) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.
¿Acaso las fiscalías y las corporaciones policiacas son impolutas y la corrupción e impunidad solo son imputables a los jueces? ¡Por supuesto que no!
Según el estudio denominado “Indicadores de la función ministerial en México” (2021) de World Justice Proyect, el nivel de confianza en las instituciones de procuración de justicia local en 2019 era del 34.4 por ciento, es decir, que solo una de cada tres personas mayores de edad confiaba en estas. Además, del total de delitos denunciados en 2018, y con carpeta de investigación iniciada, únicamente el 41.2 por ciento tenía un resultado conocido y satisfactorio para las víctimas.
Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2023 del INEGI, los trámites ante el ministerio público o fiscalía estatal se ubicaron en la cuarta posición (21.2 por ciento) de 21 posibles, entre las gestiones con experiencias de corrupción. El porcentaje en los trámites ante juzgados o tribunales se posicionaron en el séptimo sitio (16.3 por ciento); y el contacto con autoridades de seguridad pública es el que más experiencias de corrupción generó entre usuarios (59.4 por ciento).
En cuanto al nivel de confianza en instituciones, en este estudio, el ministerio público o fiscalía estatal se ubicó en la posición 21 de 25 posibles, con un porcentaje de 38.6 (en 2021, fue de 36.5); después de jueces y magistrados, quienes, en el vigésimo lugar, obtuvieron un 39.4 por ciento (lo que representó una disminución en relación con la medición del 2021, cuando obtuvo un 40.3 por ciento).
Andrés Manuel sabe todo esto… pero prefiere voltear la mirada únicamente hacia el Poder Judicial:
“Yo pienso que, si avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías, son procesos (…) Ellos, los del Poder Judicial, alegan que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Sí, puede ser, siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener sentido común (…) Entonces, sí, los ministerios públicos hacen mal, en ocasiones, las carpetas de investigación, pero cuando las hacen bien o estén mal hechas, de todas maneras, el que decide es el juez. Y aquí el problema que tenemos, que más nos ha afectado, es el asunto de los jueces, de magistrados y de ministros, ministros que, con todo respeto, están para proteger los intereses de los potentados”, declaró el pasado primero de julio.
De hecho, en su exposición de motivos, la iniciativa presidencial dirige claramente sus cañones con proyectiles envueltos en demagogia hacia jueces, magistrados y ministros con quienes tiene una “vendetta” pendiente por haberse puesto al tú por tú con él e imponer límites a acciones autoritarias y violatorias de la Constitución.
“La presente iniciativa tiene por objetivo reformar el sistema judicial mexicano (…) con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo (…)”… pero a las fiscalías y a los ministerios públicos no los toca ni con el pétalo de una rosa.
¡El tema es, pues, verdaderamente complejo como para resolverlo con una visión reduccionista y vengativa! De ahí que los principales señalamientos a la iniciativa por parte de especialistas es que no existe una visión sistémica… pero sus argumentos no son ni serán escuchados… porque las motivaciones son de otro tipo.
