El desdén que el gobierno federal ha mostrado ante lo que ordenan los artículos 16 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales” y a que “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”, debería ser motivo suficiente para que las y los mexicanos estuviéramos aterrados ante lo que vendrá con la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los correspondientes organismos en los estados.
A los ejemplos más que conocidos de este desprecio del presidente López Obrador y de sus “siervos” al mandato constitucional en lo que corresponde a la información en manos de autoridades (la difusión de percepciones económicas, números celulares personales, expedientes, etc. de “adversarios” políticos, solo por citar algunos), debemos ahora sumar la revelación en la mañanera del viernes 26 de julio, por parte de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y ¡próxima secretaria de Gobernación!, del nombre de un gestor y el del piloto que supuestamente trasladó -porque de pilón fue un error- a los Estados Unidos a Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, donde fueron detenidos.
“Informarles a ustedes que ya durante el transcurso de la noche tuvimos el informe por parte del Instituto Nacional de Migración, que nos pidió el presidente presentar el día de hoy aquí. Está un poco pequeña la letra, pero quisiera que lo acercaran, más abajo, más abajo, en donde aquí se ve muy claro que el día de ayer entre las 7:10 y las 7:31 se presentaron ante el agente federal de Migración en la oficina de Migración, en el área de Aviación General del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, un gestor de nombre Armando Ibarrola, quien presentó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z, con programación de salida a las 8:00 horas de la mañana del día de ayer, y en este plan de vuelo se indica la salida al aeropuerto de Santa Teresa. El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva (…) se tiene todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México; que está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad ni trabaja en la embajada, no se tiene como un piloto particular, como un visitante, ni siquiera es una calidad de migrante, solamente es de un piloto la información hasta el momento”.
Después se sabría, que no fue este piloto ni su aeronave la que trasladó a los capos.
Cabe aclarar, por supuesto, que la iniciativa del Ejecutivo federal para desaparecer al INAI junto con otros organismos autónomos no desaparece la obligación de proteger los datos personales y garantizar el acceso a la información, sino que esto pasará a la Secretaría de la Función Pública en lo que corresponde a la administración pública federal, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial y a los de control de los organismos constitucionales autónomos, a las contralorías del Congreso de la Unión y esto se replicará en el ámbito estatal con sus contralorías o áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pero, si partimos de que actualmente le ha resultado difícil la tutela de estos derechos a un organismo autónomo, “cuantimás”, dirían en mi pueblo, cuando el garantizarlos corresponda a los propios sujetos obligados.
Y para enteder lo anterior, baste con recordar que si bien el INAI determinó que el presidente vulneró la vida privada e incumplió el deber de confidencialidad al divulgar documentos fiscales del periodista Caros Loret de Mola, no pasó absolultamente nada, porque le correspondía sancionar al ¡Órgano Interno de Control en la Oficina de la Presidencia de la República! ¿Algún ingenuo creyó que esto iba a suceder? Jejeje.
Con la reforma del presidente, el artículo 6 constitucional quedaría así: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención”.
Así que a quienes aún no les ha caído el veinte de lo que sucederá, deberían por lo menos preocuparse de que la protección de la información de su vida privada y de sus datos personales, esté en manos de autoridades que: 1) Ya dejaron en claro que, de ser necesario, no tendrán miramiento alguno para difundirla; y 2) cuyo fundamento -según la exposición de motivos de la iniciativa- es que los organismos constitucionales autónomos deben desaparecer porque han desmantelado al estado en sí y al “estado de bienestar”, han privatizado el derecho público y han subordinado al Estado mexicano “a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América”… cuando en realidad estos constituyen un contrapeso indispensable en toda democracia.
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