Hay actividades económicas cuyo impacto es tal que tocan transversalmente muchos otros rubros de la economía y son un indicador del desarrollo de una ciudad o país en lo general. El turismo es, quizás, uno de los casos más representativos de este tipo de actividades.
Justo hoy, 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, conviene reflexionar acerca de la relación positiva entre turismo y desarrollo, además de los retos múltiples para contar con esquemas de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. Lograr estos propósitos significa converger en un punto de equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo social y estabilidad medioambiental.
Según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, para el año 2022, la contribución de la industria turística al PIB mundial fue cercana a 8 billones de dólares. El registro para 2022, 2023 y la proyección al cierre de 2024 sugiere una recuperación evidente tras la disminución en 2020, año en que el turismo internacional pasó de una suma previa de 9.63 a 4.78 billones de dólares. La magnitud de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 influyó directamente en la definición de una agenda global para la recuperación turística.
En el caso de México, la actividad turística representa para varias entidades del país una importante fuente de ingresos.
Nuestro país está entre los 10 destinos principales en el mundo y el segundo con mayores visitantes en América. Por ello es necesario mantener entornos seguros en los principales destinos turísticos y proteger el patrimonio natural y cultural.
Estas consideraciones hacia la sostenibilidad de la actividad turística están vinculadas con las condiciones sociales, económicas, culturales y medioambientales de los destinos turísticos.
Ante beneficios compartidos (por el intercambio económico generado en la actividad turística), responsabilidades compartidas. Las políticas públicas con el objetivo de construir un nuevo paradigma de turismo sostenible deben partir de la premisa de la gobernanza y la colaboración entre actores participantes.
Esto significa que la gestión de políticas públicas en torno al turismo es necesaria e involucra a todos los sectores, que las grandes empresas turísticas cumplan con su responsabilidad fiscal y social, en lo cual está presente la fiscalización superior a través de las revisiones de cumplimiento y desempeño que se realizan en las instituciones públicas encargadas de esta actividad o de otorgar estímulos o licenciamientos relacionados.
Los programas de promoción y atracción de turistas deben estar acompañados de programas de preservación ambiental, sustentabilidad integral y gestión cultural; mejora de las condiciones de vida de las personas que residen en destinos turísticos, políticas para el empleo y protección de derechos laborales, y programas de protección del medioambiente, entre otros.
La gestión integral del turismo, a la vez que requiere de inversión pública, requiere de vigilancia, fiscalización y esquemas eficaces de rendición de cuentas. Eso genera valor y beneficio a la población. Además, dada la importancia del turismo para las economías nacionales y la participación tanto del sector público como del privado, se debe proteger el buen desempeño de las instituciones gubernamentales relacionadas con la actividad turística y los mejores rendimientos de la inversión pública en el sector.
En consecuencia, las actividades de fiscalización y evaluación de programas son funciones de primer orden para contar con turismo sostenible, cuidadoso de su entorno ambiental y con rendimientos crecientes, distribuidos entre la población y, por supuesto, a sus trabajadores.
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