El mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, con motivo del informe de labores del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al 2024, no tuvo desperdicio. Sus palabras -pronunciadas con gran valentía durante la sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación- quedarán, sin duda, plasmadas en los anales de la historia de este país.
Y trascenderán porque representarán un epílogo magistral de lo que fue la administración de López Obrador, y la mejor prueba de que su frase “al diablo con sus instituciones”, se convirtió a la postre en su plan de gobierno… y también en el de Claudia Sheinbaum.
Sabedora de que este discurso sería uno de sus más importantes legados, Norma Piña, aseveró: “La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales: es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es, precisamente, proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder, que podría amenazar tales derechos”.
Para enseguida agregar: “La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas y, en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido”.
Y sentenciar: “La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata y, con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma”.
Para la ministra, la expresión de algunos del “sí se pudo” tendrá sentido no ahora, sino “cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”; ello, porque considera que la reforma, en primer lugar, partió de una narrativa falsa, infundada, “pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad”.
Expuso, asimismo, una gran verdad: “Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver, con claridad, cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal, para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas (…) Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’ y, abiertamente, se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte”.
Imposible reproducir en este espacio el discurso completo, baste con agregar su cierre: “El Ministro Presidente del Supremo Tribunal de Brasil hizo una reflexión que, en mi opinión, trasciende e inspira más allá de las fronteras; dijo: ‘hay auténticos patriotas con diferentes visiones del mundo; nadie tiene el monopolio del amor a su país; cualquiera que piense diferente a mí no es mi enemigo, sino mi compañero en la construcción de una sociedad abierta y plural; con buena fe y buena voluntad casi todo es posible en la vida; la historia no es un destino que se cumple, sino un camino que se elige’”… ¡Uf!
Nada que agregar, salvo que según Integralia, de los 49 mil 398 aspirantes inscritos para la elección del próximo año de jueces, ministros y magistrados, los comités de evaluación de los poderes Legislativo (54.9 por ciento) y Ejecutivo (37.4 por ciento) recibieron la mayoría de las solicitudes; mientras que el Judicial recibió menos del 10 por ciento.
La explicación, para la consultora, es: 1) “No se descarta la posibilidad de que algunos perfiles sean falsos” y de que “algunos podrían haber sido inscritos solo para cumplir el mínimo requerido y presentar el proceso como exitoso”; 2) “Los aspirantes podrían considerar más viable obtener apoyo de poderes controlados por Morena y aliados, especialmente con boletas que destacan qué poder respalda cada candidatura”; y que el Poder Judicial “exige más experiencia profesional y conocimientos técnicos, a diferencia de los otros poderes, que priorizan aspectos subjetivos”… ¡Zas!
