GURÚES

El pretexto del derecho a la información…

La semana pasada, tras la publicación el 29 de diciembre del reportaje “Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa”, de las periodistas Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, en donde afirman que “atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto de Culiacán operado por el grupo delictivo más poderoso de México”, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó gran parte de la “Mañanera del pueblo” a desmentir la información.

“El doctor Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar; la doctora Armida Zúñiga, que es titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris; y la Teniente Juana Peñaloza, que es química analista de Precursores en Campo de Secretaría de Marina. Ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del New York Times, con bases científicas”, dijo.

El mensaje básicamente fue que “No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota”.

Y la presidenta argumentó: “Estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no, publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí (…) Es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que este sea, tiene la obligación de dar información veraz”.

En reacción, el medio respondió el mismo día: “The New York Times sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, para los que nuestras periodistas reportaron -con gran riesgo personal-, el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Si bien peligrosa, la síntesis de fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida. El papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes”.

De hecho, desde el 30 de diciembre, ella declaró que “la publicación no era muy creíble” y que lo demostrarían “científicamente”.

En realidad, lo que resulta poco creíble es pretextar la defensa del derecho a la información; primero, porque Sheinbaum y su mayoría calificada en el congreso consumaron uno de los mayores anhelos del expresidente López Obrador: desaparecer al organismo autónomo garante del cumplimiento del acceso a la información pública, es decir, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Segundo, porque si en verdad al gobierno federal le interesara la publicación de datos veraces, empezaría por cumplir con su obligación legal de que toda la información que posee “será pública, completa, oportuna y accesible”.

Porque, para por citar tan solo un ejemplo que echa por tierra lo dicho por la mandataria, baste recordar la información difundida por el propio gobierno federal, la cual, a pesar de que generó una grave confusión en Querétaro, no ha sido corregida.

Resulta que cuando, en la conferencia matutina del 18 de diciembre, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, expuso que llevaron a cabo una revisión en 21 entidades e identificaron redes delictivas integradas por notarios, despachos, peritos y trabajadores del Instituto, quienes otorgaron múltiples créditos sobre una misma vivienda; acompañó su exposición con una gráfica que refirió, en el caso de la entidad, “Notario 9”, con operaciones realizadas entre 2014 y 2022 y que, como parte de la red delictiva, en conjunto, realizaron 145 operaciones con 30 inmuebles.

De inmediato, diversos medios de comunicación publicaron que la ilicitud había sido en la Notaría Pública 9 de Querétaro e incluso citaron el nombre de su titular; lo que llevó al Consejo de Notarios a solicitar formalmente una aclaración del director del Infonavit por considerar que la diapositiva que presentó tenía un error en su contenido al haber puesto la palabra “Notario 9”, cuando en realidad se refería al caso número 9 detectado, debido a que no existía ninguna operación de dicha notaría con los inmuebles ubicados en los desarrollos inmobiliarios referidos en la mañanera.

Algunos medios emitieron una aclaración, por propia iniciativa; pero, hasta ahora, no ha habido aclaración oficial alguna por parte de la Presidencia de la República ni del Infonavit (el delegado en la entidad tampoco accedió a dar entrevistas al respecto)… Nada, porque en este caso el derecho a la información, la certeza en la información y el daño a la fama pública de un notario público a la 4T le importa un bledo.

El trasfondo, es bien sabido, radica en que mientras las autoridades estadounidenses han afirmado que en el país sí se produce fentanilo -”Todo lo que hemos visto muestra que, de hecho, el fentanilo sí se está fabricando en México y sabemos que sus precursores químicos vienen de China (…) Yo mismo he viajado a México y he visto lo que se fabrica allí, tanto de metanfetaminas como fentanilo”, afirmó en el 2023 Todd Robinson, secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos-, Andrés Manuel lo negó reiteradamente.