GURÚES

El pacto y la coordinación fiscal

Desde que se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en 1978, también se introduce el Impuesto al Valor Agregado, que surge en 1965 para homologar los sistemas tributarios en los países europeos.

Para aprovechar sus ventajas respecto al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, cuyas bondades hicieron que, siendo el secretario de Hacienda don David Ibarra, hiciera la propuesta al presidente López Portillo para sustituir el ISIM por el IVA, en el Congreso se aprobaran ambos en 1978.

Sin embargo, y lo relata el maestro, un año después lo convocó el presidente, que le dijo al maestro Ibarra “que no le iba a entrar a lo del IVA”, porque su principal asesor económico, Rafael Izquierdo, y el Consejo Coordinador Empresarial alegaban que iba a ser inflacionario y que, en caso de que se creara el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, iba a ser “la reforma de David Ibarra, no la del presidente”, a lo que el maestro contestó con una pregunta sobre el Decreto de Expropiación Petrolera, cuya redacción realizó el maestro don Jesús Silva Herzog. Así convenció a López Portillo y se aprueban ambos acuerdos.

Al crearse el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados firmaron un Convenio de adhesión al mismo, dejando en suspenso los impuestos que, al no reservarse en exclusiva para el gobierno federal, podían usar.

Con el convenio recibirían a cambio participaciones de la recaudación de impuestos federales, lo que se empezó a llamar Recaudación Federal Participable.

Lo anterior provocó pereza en la mayor parte de los estados, que preferían recibir las participaciones que cobrar impuestos, porque estos “tenían costo político”. Por supuesto que se han dado excepciones notables. Pero les parecía mejor pedir y cabildear con Hacienda que asumir ese falso costo político.

Por otra parte, se empezó a ver que la distribución de las participaciones provenientes de la recaudación federal (esto es, del esfuerzo fiscal de la federación), era inequitativa e inercial, afectando fundamentalmente a las entidades de menor desarrollo económico y social, principalmente las del sur sureste y, particularmente, a Oaxaca, pero también a Chiapas y Guerrero, que siempre estuvieron olvidados junto con todo el sureste.

Fue entonces cuando, siendo coordinador de la Comisión Permanente electo por los estados, propusimos desde Oaxaca un cambio en la fórmula de distribución de participaciones.

No era que nuestros estados no cumplieran su tarea, sino que el modelo de desarrollo apuntó a fortalecer al Centro Norte y la pobreza se concentró en el Sur fundamentalmente.

Al conocer que entonces Tabasco tenía un per cápita de nueve a uno en las participaciones respecto a Oaxaca, planteamos una fórmula diferente, apoyada por 26 entidades federativas, la cual se aprobó en 1989 y entró en vigor en 1990.

Para ello conté con dos asesores relevantes: Ferdauz Jabdala, economista hindú que trabajó tanto en Oaxaca como, antes, en Tabasco, y José Antonio Ibáñez, un hombre progresista nacido en Poza Rica; ambos, economistas.

Desde entonces, el Sistema de Coordinación Fiscal ha mejorado sustancialmente. Punto relevante es la figura de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, según la cual las entidades federativas pueden colaborar en el esfuerzo recaudatorio de la federación en algunos aspectos.

Una figura relevante ha sido la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, llegando a tener más de 16 grupos de trabajo con una gran participación de los estados y, por supuesto, del personal de la propia secretaría.

El tema fundamental que quiero comentar es el del llamado Pacto Fiscal, a partir de señalamientos del anterior gobernador de Jalisco y que en el pasado fue mencionado (solo eso, mencionado) por tres o cuatro gobernadores más.

Y también, el tema de la pobre recaudación de la mayoría de los estados, con excepciones como la CDMX, la más relevante, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Chihuahua, además de otras cuantas más.
En lo que viene…