En la actualidad, muchos países en mayor o menor medida se enfrentan a desafíos de desigualdad que impiden una debida integración y participación plena en la economía global.
Factores geopolíticos, económicos e incluso, ahora, climáticos intensifican este problema, tal como se ha referido la semana pasada en el World Government Summit, realizada en los Emiratos Árabes Unidos, con la participación de diferentes jefes de Estado, cuyas consecuencias se pueden apreciar en los altos índices de pobreza, discriminación y exclusión social en una gran parte del planeta.
Erradicar estas desigualdades es un tema constante en la agenda de organismos internacionales que proponen implementar políticas no solo nacionales sino también globales, para fortalecer, en la medida de lo posible, los sistemas económicos y medioambientales de los países en desarrollo que mantienen altos niveles de pobreza, y para seguir políticas como las que se han y se siguen instrumentando en México, con el fin de abatir la desigualdad y la pobreza con buenos resultados.
Por ello, cada 20 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Justicia Social y refrenda el compromiso de promover sistemas económicos basados en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas y enfoque preventivo, como lo que hemos logrado en la ASF.
Curiosamente, ese día presentamos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2023.
En virtud de que hay un punto de intersección entre la búsqueda de la justicia social, en tanto ideal democrático, y la fiscalización, la justicia social significa la eliminación de la desigualdad y el evitar los abusos en el uso del gasto público, lo que implica caminar por los territorios, sin trabajar solo en el escritorio, estar cerca de los ciudadanos, cuidar de que se respeten los derechos humanos y eliminar, por supuesto, la corrupción y hacerlo con la participación ciudadana.
La fiscalización superior, por su parte, juega un papel trascendental en la promoción de la justicia social, a través del aseguramiento del uso correcto de los recursos públicos y las acciones gubernamentales que inciden en la consecución de dicho objetivo; así como por la observancia de que los recursos se utilicen de manera transparente y eficiente, para propiciar comportamientos de gasto adecuados para el desarrollo social.
En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar los recursos públicos federales y el buen desempeño de los programas gubernamentales, tiene incidencia en el reto mayúsculo del Estado mexicano por la justicia social, en tanto que se trata de una institución con tareas técnicas y especializadas, encargada de vigilar el ejercicio correcto de los recursos del pueblo.
Por ello, el Día Mundial de la Justicia Social permite reflexionar sobre la importancia de trabajar en políticas públicas que propicien la equidad social y la integridad medioambiental. En países de la región se ha avanzado en la conformación de agendas integrales que pongan en el centro a la justicia social y el combate a la desigualdad.
Por ello, la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta 2023 es un claro ejemplo de esa constante revisión y de la labor preventiva de la fiscalización superior, pues se refuerza el permanente proceso de trabajo conjunto con los entes fiscalizados.
Los resultados de nuestras auditorías son públicos y se pueden consultar en https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria.
