Revisaba algunas de las cifras de la recaudación del impuesto predial, el principal rubro impositivo del nivel municipal, nuestro tercer orden de gobierno en el país federal que es nuestro México.
Es claro que tenemos más de 500 municipios, más de la mitad de ellos con niveles de pobreza e incluso de alta marginalidad.
Seguimos en situación crítica, ya que no rebasamos el 0.25 por ciento del PIB, lo que no ha variado desde hace mucho tiempo.
La mayoría no ha cambiado, así que, con datos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, observamos que seguimos muy por debajo de países como Argentina, Chile y, por supuesto, Brasil; además, se mantiene una dependencia presupuestaria terrible de los recursos de origen federal, derivados del esfuerzo fiscal del SAT, y son escasos los municipios que han participado en las actividades de Colaboración Administrativa en materia fiscal acompañando a las entidades federativas.
Por supuesto han sido reacios a cumplir con sus facultades recaudatorias, particularmente en el predial, siendo el principal impuesto municipal.
El predial es el impuesto municipal por excelencia, que en México ha tenido y tiene niveles recaudatorios muy pobres; incluso algunas autoridades municipales han sido reacias a implementar medidas sancionatorias para recuperar lo que no han cobrado; sin embargo, prefieren jugar a la concertación e inclusive han llegado a descuentos fuera de la ley.
Recuerdo el caso de un presidente municipal de Cancún que ofrecía descuentos a hoteleros si le pagaban directamente el impuesto adelantado. Le decían “El Chacho” y terminó en la cárcel.
Durante mucho tiempo se ha hablado de que las entidades federativas requieren más facultades tributarias; sin embargo, debemos también observar que las que tienen ya sea de manera directa o a través de la colaboración administrativa, no han sido aprovechadas por todos los estados.
Por otra parte, hemos también padecido un bajo nivel recaudatorio por parte de varios estados, no solo en la colaboración, sino también en los ingresos propios, lo que incluso ha inhibido que se cumplan adecuadamente los compromisos financieros con las aportaciones estatales a las universidades públicas.
Claro, hay casos de excepción: las aportaciones a las universidades de estados con mayores niveles de pobreza son menores a las otras, pero sí han cumplido en mayor medida, con sus obligaciones en general. En algunos casos, esto se ha debido a la falta de recursos, pero hay casos motivo de malversaciones, como se dio en Durango en la administración anterior, donde también hay funcionarios con problemas legales.
El impacto de la debilidad presupuestaria de los municipios, su bajísimo nivel recaudatorio, la falta de planeación, un gasto público generalmente mal programado, la presión en algunos estados de lo que llaman “el cuarto orden de gobierno”, como en Oaxaca y Puebla, por ejemplo, hace que los municipios generalmente no tengan suficiencia para pagar los aguinaldos de sus empleados, los que los tienen, y recurran a solicitar “préstamos de fin de año” a los secretarios de Finanzas, que también tienen problemas.
En la Convención Nacional Hacendaria, que inició el 5 de febrero de 2004, se incluyeron temas que fortalecerán el esfuerzo recaudatorio de estados y municipios, como un impuesto estatal a las ventas finales, que no prosperó por su bajo potencial recaudatorio, y los entes subnacionales que no operaron mejor el predial, el del hospedaje. Los cedulares, solo en Guanajuato, o los ambientales, en Zacatecas.
