La 4T ha elegido negar la cruda y evidente realidad del país, en aras de evadir una verdad incómoda. Y, para influir en la opinión pública y defender sus propios intereses, invoca conspiraciones y desestima la evidencia.
Por ejemplo, niega que haya un vínculo de la delincuencia organizada con el gobierno.
Así, cuando el presidente Donald Trump (independientemente del perfil del personaje) aseveró en su orden ejecutiva denominada ‘Imponer obligaciones para atender la situación en nuestra frontera sur’ que “Los cárteles mexicanos tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó en redes sociales, con un “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales”, para luego referir una “intención injerencista en nuestro territorio”, y que “La soberanía no se negocia”.
Ahora niegan la crisis de desapariciones en México.
Así que, el anuncio del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, de activar para México -con base en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- un procedimiento para analizar el fenómeno de la desaparición forzada en el país y definir si el tema es llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cayó como balde de agua fría y las reacciones en nado sincronizado surgieron de inmediato:
“Eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito de -principalmente, aunque no solo- la delincuencia organizada. Pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) descartó una crisis de desapariciones en México y que éstas sean consecuencia de una política de Estado; por ello dijo, el “posicionamiento” de Olivier de Frouville, “está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”; y aunque reconoció que la problemática “es innegable”, sostuvo que “La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar”.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue incluso más allá, pues solicitó ¡sancionar! al funcionario de la ONU, por su comportamiento “sesgado”, “irresponsable”, “temerario”, “faccioso”, “atrabiliario”, “carente de toda seriedad y legalidad”, al referir una “injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria”.
La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que el señalamiento contra México “tiene orientación política e ideológica”.
Morena ha elegido eludir la verdad y enredarse en la bandera nacional… pero el manto de esta no le alcanza para cubrir la definición que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -ratificada por México en 2008- consigna sobre “desaparición forzada”:
“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
… Mucho menos para esconder a las más de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas.
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