Petición de change.org exige desaparición de taxis amarillos en Querétaro

“Los ciudadanos estamos cansados”, señala una petición hecha en la plataforma change.org luego de los disturbios en la TAQ el pasado 3 de febrero.

De acuerdo con la petición lanzada por Alberto Silva, dirigida al Instituto Queretano del Transporte (IQT), los taxis amarillos empezaron una cacería de brujas en contra de los taxis ejecutivos de aplicación (Uber, Didi, Cabify) el pasado 3 de febrero del 2020 cuando al rededor de 20 conductores de la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ) realizaron un cerco en el acceso principal debido a que se les permite trabajar a los taxis ejecutivos.

La petición señala que al siguiente día, 4 de febrero del 2020, “están deteniendo unidades en la Terminal de Autobuses de Querétaro y con esto están violando el artículo 16 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde indica:
‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…'”.

Silva acusa que el IQT “están apoyando a los taxistas, ya que una vez que los taxistas detienen al vehículo y no lo dejan pasar los Agentes del IQT hacen la revisión de los mismos y si determinan que es de taxi ejecutivo de alguna aplicación los detienen”.

Además, continúa, se creó una aplicación que sirve como taxímetro pero este gremio se niega a usarlo, han sido abusivos en tarifas, no tienen unidades adecuadas, no tienen servicio ni atención a cliente y durante muchos años abusaron de la ciudadanía.

Hasta el momento, 19 mil 513 personas han respondido una consigna que pretende llegar a las 25 mil firmas.

Esta tarde, el empleado del IQT, Luis Alonso Gutiérrez, quien se comprometió con taxistas tradicionales -que se manifestaron este lunes en la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ)- a implementar “todos los operativos necesarios” en contra de las plataformas de transporte privado de pasajeros, fue separado de su puesto en la dependencia estatal tras la difusión de un video.