De 3 a 9 años de prisión es la sanción que podría aplicarse, no solo a la titular de la Secretaría del Bienestar (María Luisa Albores González); sino a todos los coordinadores de los programas sociales en las entidades, por desacatar las medidas cautelares dictadas en los incidentes de suspensión de más de mil amparos que interpusieron las estancias infantiles en todo el país, aseguró la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia Rocha Acosta.
“Con este incumplimiento debería de castigarse; si se hiciera cumplir la ley les tendría que dar de 3 a 9 años de prisión por cada una de las suspensiones que en su momento incumplieron”.
Flanqueada por las representantes de nueve estancias infantiles, quienes en su momento le pidieron apoyo a la legisladora, explicó que el abogado Carlos Joel Reyes Vargas, fue quien sentó un precedente en Chihuahua al ganar las primeras 176 suspensiones provisionales y la suspensión definitiva por lo que ahora también asesora los casos que se presentaron en la entidad.
Detalló que los primeros nueve expedientes que se integraron en Querétaro se sumarán a la ampliación de la demanda en contra de la reglas de operación del “Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras y el presupuesto de egresos de la federación 2020”.
Sobre el tema, Reyes Vargas enfatizó que legalmente cuentan con una suspensión definitiva por lo que ahorita se encuentra en proceso la denuncia por desacato ante la FGR.
“Tenemos todos los elementos para que se obedezcan estas suspensiones (…) ya logramos que sean dos tribunales colegiados específicamente creados para ese fin para que en definitiva resuelvan esos juicios y esperamos esas resoluciones para mayo o junio de este año; las correspondientes a 2019”.
Afirmó que será trabajo de los diputados federales para que destinen un presupuesto especial para pagar todo este adeudo que tienen con las estancias infantiles.
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