Grave, tema de la justicia familiar: José Antonio Ortega Cerbón

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia recibió 20 mil 270 expedientes de divorcios, pensiones alimenticias, custodias, sucesiones, convivencia familiar y patria potestad

Como grave calificó José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el número de asuntos que llegan a los juzgados de primera instancia en materia familiar del Distrito Judicial de Querétaro.

Pues tan solo de agosto de 2018 a julio de 2019 el TSJ recibió un total de 20 mil 270 expedientes relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, custodias, sucesiones, convivencia familiar y patria potestad.

“Sí, es grave; tenemos en el Poder Judicial el mayor índice de crecimiento y la mayor problemática la encontramos en la justicia familiar (…) no solo es el tema de la pensión, sino que abarca todo como el tema de las sucesiones, que es complejo; el tema de los divorcios, que ahora son un poco más rápidos; las custodias, convivencia familiar, la patria potestad y entre ellos está incluido el tema de los alimentos y sí es una problemática por la misma situación económica y por la misma situación de las parejas donde el Poder Judicial tiene que reaccionar y emitir las decisiones en cuanto al pago de pensiones alimenticias”.

Sobre la propuesta del diputado del Partido Encuentro Social (PES), Ricardo Caballero González de prohibir el matrimonio a quienes tengan pendiente el pago de pensiones alimenticias, Ortega Cerbón, afirmó que esta propuesta ya se analiza en la sala familiar.

“Se está analizando y nosotros vamos a emitir una propuesta porque lo que el legislador refiere es que se agregue como requisito para poder contraer matrimonio, en caso de que ya tuvieras un proceso de divorcio previo, que se llegue a demostrar que estén al corriente de sus pensiones para poder acceder al matrimonio”.

Como Cóldigoqro informó, la propuesta del diputado también refiere que los deudores de pensión alimenticia quedarían imposibilitados para ser contratistas y prestadores de servicios en las entidades públicas, además de que no podrían recibir descuentos en pagos de predial, multas e impuestos.