La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la figura legal del juicio de procedencia
Debido a que el presidente de México no es sujeto de juicio político, se debe modificar la ley para que sea políticamente responsable por las diversas causales señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Así lo informó la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el fuero penal y el juicio político.
Destacó que el presidente de México, los diputados y senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y demás servidores públicos señalados en el artículo 111, puedan estar sujetos a proceso penal, y llevarlo en libertad, sin ser separados del cargo hasta que exista una sentencia firme condenatoria.
Lo que se busca, dijo la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), es proteger la investidura de la función pública de falsas denuncias, difamaciones y calumnias, sin poder ser privados de la libertad o ser separados del cargo, hasta que exista sentencia firme.
Agregó que lo que se está proponiendo es desaparecer el juicio de procedencia, para omitir la necesidad de que el Congreso de la Unión delibere y vote la eliminación de la inmunidad, y de esta forma la autoridad competente pueda proceder penalmente en contra de los servidores públicos señalados en la Constitución.
Aclaró Murguía Gutiérrez, que su propuesta no versa sobre la inmunidad parlamentaria estipulada en el artículo 61 de la Carta Magna, que establece que son inviolables las opiniones que manifiesten los legisladores en el desempeño de su cargo, por lo que no podrán ser reconvenidos por ellas.
Finalmente, expresó que esperaba fuera valorada positivamente su iniciativa, ya que en reiteradas ocasiones el presidente de México ha manifestado su compromiso con el combate a la corrupción y se ha comprometido a renunciar a condiciones de privilegio y excepción de las que gozaba el mandatario mexicano anteriormente.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.
