Pensión alimenticia sería retroactiva: diputado

Actualmente, el código civil establece que el acreedor alimentario solo podrá exigir las pensiones que se hubieran generado en un plazo de 5 años inmediatos anteriores a la presentación de la demanda

Ricardo Caballero González, diputado local del Partido Encuentro Social, ingresó dos iniciativas de ley; la primera de ellas con el fin de que se pueda obtenerla pensión alimenticia de forma retroactiva y para impedir a los deudores contraer un segundo matrimonio; y la segunda, para establecer como delito en el Código Penal del Estado de Querétaro la cobranza extrajudicial ilegítima, con penas de prisión y multas.

Explicó que con la propuesta de ley que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el estado de Querétaro se pretende que desde que nace un hijo se genere la obligación alimentaria, al tener su origen en la relación paterno-filial que existe; por lo que esta se le debe suministrar desde el primer momento, dado que ahí se creó el vínculo que da origen a la obligación.

“Al ser imprescriptibles los alimentos, es válida la solicitud del pago de aquellos generados desde su nacimiento, hasta el pago de la primera pensión derivada de la fijación de alimentos provisionales”.

Recordó que actualmente, el código civil establece que el acreedor alimentario solo podrá exigir las pensiones que se hubieran generado en un plazo de 5 años inmediatos anteriores a la presentación de la demanda, y ahora se propone su derogación para que sea retroactiva.

Además, destacó que la propuesta busca establecer candados en el caso de divorcios voluntarios, para que se cumpla con la garantía de la pensión alimenticia.

La otra iniciativa de ley que adiciona el Capítulo III denominado Cobranza Extrajudicial ilegítima y el artículo 156 Bis, al Título Quinto Relativo a Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas del código penal, dijo, tiene la intención de establecer como delito la cobranza extrajudicial ilegítima con una pena de prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 150 a 300 UMAS diarias para quien la realice.

“La intención es inhibir estas prácticas y que los despachos no actúen de una forma ilegal causando agravios a los deudores, avales, referencias, familiares o terceras personas”.