En la presentación del Índice del Estado de Derecho 2019-2020, el gobernador de Querétaro destacó que para tener gobernabilidad, paz y seguridad, se deben fortalecer las instituciones y no trastocarlas
El estado de Querétaro destaca, como primer lugar nacional, en los indicadores de combate a la corrupción, mejora regulatoria y justicia penal, los cuales son medidos en el Índice del Estado de Derecho (IED) 2019-2020, que realizan la organización World Justice Project (WJP) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el gobierno estatal, lo anterior fue informado por el secretario de Gobierno de la entidad, Juan Martín Granados Torres, quien acompañó al jefe del Ejecutivo queretano, Francisco Domínguez Servién, a la presentación del IED. El funcionario estatal agregó que, con base en esas mediciones, los niveles de paz, justicia y seguridad tienen una percepción de “aceptables” en Querétaro.
Ante el representante y el jefe de Investigación del WJP, Matthew Stokes y Alejandro Ponce, respectivamente, y la directora general de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación federal, Paulina Téllez Martínez, el gobernador mencionó que para tener gobernabilidad, paz y seguridad, se deben fortalecer las instituciones y no trastocarlas.
“Si buscamos desarrollo social, debemos implementar políticas transparentes que garanticen el acceso directo al cumplimiento de los derechos fundamentales de la población. Quienes estamos aquí, quienes defendemos la vida institucional, suscribimos una misma máxima: proteger el Estado de Derecho, por medio del acceso a la justicia”, dijo.
Añadió que la entidad queretana es la única del país en aceptar un “riguroso” modelo de evaluación como el IED y se comprometió a mejorar los índices.
Alejandro Ponce explicó que la medición se aplicó en los 32 estados. Detalló que el índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
