La activista social Maricruz Ocampo Guerrero confío en que la Fiscalía General del Estado de Querétaro aclare si está investigando a la diputada local Elsa Méndez
Maricruz Ocampo Guerrero, integrante de Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo (Celapaz) negó que esté siendo utilizada para “golpear” penal y electoralmente a la diputada del Partido Encuentro Social, Elsa Méndez Álvarez.
Esto luego de que Julio Aldape Moncada, asesor jurídico de la legisladora, afirmó (sin dar nombres) que se ha utilizado a activistas locales para denunciar penal y electoralmente a Méndez Álvarez; y dado que ella denunció a ante el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ).
Ocampo Guerrero calificó como desafortunadas las declaraciones del abogado, sobre todo porque las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos de mujeres, niños, adultos mayores, personas indígenas y de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI+) no reciben dinero de los municipios, estado o federación.
“La gran mayoría de nosotros, y habrá sus excepciones, no recibimos ni un peso del estado, ni de los municipios, ni de la Federación porque lo hacemos con una profunda convicción y compromiso; entonces decir que nos están utilizando, pone en tela de juicio nuestro trabajo (…) si el abogado Aldape o la diputada tienen conocimiento de que un defensor, defensora o activista está actuando con malicia y pueden demostrar que esa persona pertenece a un partido político y está recibiendo dinero pues por favor lo diga y lo señale porque eso nos ayuda a los defensores y defensoras a no apoyar causas que son contrarias a lo que nosotros hacemos”.
Luego de que Méndez Álvarez asegurara que hay una persecución en su contra por el hecho de ser mujer, Ocampo Guerrero consideró que su argumento es incorrecto.
“No la están señalando por el hecho de ser mujer, sino por su franca oposición a la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos (…); porque discrimina por la preferencia sexual u orientación sexual de las personas y por su discurso de odio”.
Confió en que la Fiscalía General del Estado de Querétaro aclare si la legisladora está siendo investigada y por qué delito; y en caso de que así sea actúe conforme a derecho y, si es el caso, consigne la carpeta de investigación ante un juez para que determine o no la responsabilidad de la diputada.
