La Defensoría de los Derechos Humanos dio vista a la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el delito de discriminación cometido presuntamente contra tres personas
Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro, confirmó que existe una denuncia e investigación en contra de la diputada local del Partido Encuentro Social (PES) Elsa Méndez Álvarez por el delito de discriminación.
Entrevistado al término de la toma de protesta del Consejo Directivo 2020-2022 de la Barra Queretana Colegio de Abogados AC, el fiscal general explicó que esta denuncia obedece a una vista que dio la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por el delito de discriminación; donde existen tres personas ofendidas, aunque, hasta este momento solo una de ellas ha presentado la denuncia.
Sobre el señalamiento de la legisladora respecto a que el Gobierno del estado está utilizando a las instituciones para coartar su libertad de expresión, Echeverría Cornejo afirmó: “La persona que la denuncia es una persona de la sociedad civil y nosotros tenemos la obligación de atenderla; yo creo que lo único que hace la fiscalía es atender a un ciudadano”.
Aclaró que la carpeta de investigación se inició en la Unidad Especial de Homicidios, porque ahí se presentó el ofendido a declarar; y se tiene la obligación de atender a las personas, independientemente de donde se presenten a denunciar un hecho delictivo.
“Es importante aclarar este parte, la denuncia se presentó en la Unidad Especial de Homicidios, pero en este momento ya se encuentra en la unidad que le va a dar seguimiento (…) estamos trabajando en la investigación”.
Aseguró que hasta el momento no han respondido a la petición de la diputada, en el que solicitó se le informe de qué se le acusa; sin embargo, se dijo que le darán respuesta por escrito, porque sí lo solicitó.
“Yo creo que si no lo hubiera hecho y si sus asistentes le hubieran informado, se hubiera evitado todo este tema del comunicado de prensa y toda esta información que se dio (…); si se hubiera preguntado directamente por parte de sus asistentes, esto nos hubiera evitado, seguramente, muchos contratiempos y muchos problemas”.
Detalló que este ilícito se sanciona, de acuerdo con el “Código Penal para el estado de Querétaro”, con una pena de uno a tres años de prisión.