Incendios deben tipificarse como delito: ambientalista

La ambientalista queretana América Vizcaino respaldó la iniciativa de ley para incrementar las sanciones penales para castigar los delitos contra el medio ambiente

Como asertiva y oportuna calificó la ambientalista América Vizcaino la iniciativa de reforma para imponer penas más severas contra delitos ambientales.

Sin embargo, consideró que dentro de esta propuesta, que presentaron los diputados locales Agustín Dorantes Lámbarri del Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Herrera Martínez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), deben tipificarse como delito los incendios forestales.

“En esta iniciativa falta la penalización por incendios y ojalá lo incluyan, porque si algo están sufriendo las zonas de protección ecológica en Querétaro son los incendios”.

Reconoció que por fortuna las autoridades están pendientes cuando se denuncia esta práctica y reaccionan de inmediato, pero consideró que es momento de hacer algo más porque año con año se provocan incendios.

“Es una excelente iniciativa (…) el día de hoy las afectaciones y los impactos a los ecosistemas se sancionan con penas administrativas, es decir, el desarrollador desmonta, destruye la vegetación, elimina la flora y la fauna de manera ilegal y pagan las multas, se regularizan con la documentación que exige la autoridad y continúa al siguiente año o el mismo año cometiendo los mismos ilícitos; en este documento falta la penalización por incendios. No lo vi en este pronunciamiento y ojalá lo incluyan, porque si algo están sufriendo las zonas protegidas en Querétaro son los incendios”.

Confió en que la iniciativa que se presentó la semana pasada sea turnada a comisiones y posteriormente el Pleno del Poder Legislativo la apruebe.

La iniciativa de Dorantes Lámbarri y de Herrera Martínez contempla reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro en materia ambiental, la cual busca imponer penas más severas de prisión, económicas, restauración, reparación y compensación pretendiendo desincentivar y sancionar cualquier práctica que dañe o ponga en riesgo a la biodiversidad, su estructura o funciones.