La titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, aseguró que el Gobierno de México no destinó recursos suficientes para enfrentar la pandemia del COVID-19
El Gobierno de México, como el de otros países del mundo, tuvo información desde enero pasado sobre la situación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19; sin embargo, no se destinaron los recursos necesarios para hacer frente al padecimiento, que fue declarado como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud.
Así lo dijo la presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar Pérez, durante el foro virtual “El derecho a la información en México frente al COVID-19”, organizado por el Grupo Anticorrupción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde mencionó que, aun con la información, algunos mandatarios actuaron y otros no.
“Las irregularidades parten desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues es sabido que las compras que ha autorizado la Oficialía Mayor de Hacienda fueron insuficientes, incluso, antes de la pandemia; fueron insuficientes en casos como el dengue y han representado graves desabastos en términos generales para medicinas contra el cáncer, para medicinas, como digo, el dengue, y ahora, pues, en el caso de todos los recursos necesarios para la pandemia. Y eso me parece un caso de ineptitud”, explicó.
La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas agregó que la medida anunciada por López Obrador, de reducir los salarios y eliminar aguinaldos de servidores públicos para tener más fondos en salud ante la pandemia, contribuye poco y es ilegal, pues viola la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Max Kaiser Aranda, indicó que se utiliza la emergencia para recurrir a las excepciones en contrataciones públicas. Al respecto, Casar Pérez mencionó que, con datos oficiales, el 80 por ciento de estas han sido por adjudicación directa.
“Mucho discurso anticorrupción y pocas medidas”, enfatizó.
