Cinco denuncias fueron interpuestas por Jorge Salazar, comisionado político nacional del Partido de Trabajo para el estado de Querétaro; y la otra por ciudadanos
Hasta el momento, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) suma seis denuncias en contra de servidores públicos por presunta promoción personalizada y uso indebido de los recursos públicos del Gobierno estatal por la entrega de despensas, afirmó Juan Rivera Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos del IEEQ.
Explicó que cinco denuncias fueron interpuestas por Jorge Salazar, comisionado político nacional del Partido de Trabajo (PT) para el estado de Querétaro y la otra por ciudadanos.
Confirmó que el martes pasado, el Consejo General del IEEQ recibió oficialmente otras tres denuncias, las cuales serán integradas a las otras presentadas por el PT a finales de abril.
“Los denunciantes hacen diversos señalamientos en el sentido de que existe una presunta vulneración al artículo 134 constitucional, donde presuntamente se violan dos principios: el de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y la promoción personalizada de servidores públicos”.
Por ello, el IEEQ emitió medidas cautelares que establecen que todos los servidores públicos deben tener cuidado y cumplir con el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y evitar en cualquier momento la promoción personalizada.
Por su parte, Jorge Salazar, comisionado político nacional del Partido de Trabajo (PT) para el estado de Querétaro, confirmó que las denuncias se interpusieron en contra de Daniela Salgado Márquez, diputada local; Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro; Sonia Rocha Acosta, legisladora federal; Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal de Colón; Verónica Hernández Flores, diputada local, y Mauricio Kuri González, senador de la República, todos del Partido Acción Nacional (PAN).
“No hay temor a las denuncias por presunta promoción personal con despensas (…) las acciones que realicen en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones como medidas de emergencia derivadas de la enfermedad Covid-19, deben apegarse al principio de legalidad”.
