El presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, AC, refirió que el ilícito que les atribuyeron marca una pena de tres a 10 años de prisión, pero ellos hicieron uso de un derecho que se llama solución anticipada, aceptaron la responsabilidad
Ofir Aragón Nieves, presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, AC, consideró que el hecho de que el juez le haya conmutado la pena a dos exfuncionarios municipales de la administración del exalcalde Marcos Aguilar Vega, es una muestra clara de lo que el sistema puede lograr, por lo que se actuó conforme a derecho; esto, al ser cuestionado sobre la sentencia de cinco años que el juez les dictó y sustituyó por mil 500 horas de trabajo a favor de la comunidad, tras resarcir el daño con el pago de casi 9 millones de pesos.
“Se ahorraron un procedimiento, es una manera de ver cómo el sistema de justicia penal trabaja de forma operable, porque, por un lado, se iban a gastar la maquinaria del Estado para acusar, y, por otro, toda la maquinaria para desvirtuar una acusación para llegar a una sentencia de tres o cinco años de prisión o que inclusive en la que salieran absueltos y así ya se resuelve el procedimiento penal (…) el juez revisó las circunstancias que le plantearon las partes y donde, además, los funcionarios no tienen otros delitos u otros antecedentes”.
Explicó que a estos exfuncionarios se les acusa de negociaciones ilícitas, delito que está previsto en el artículo 271 del “Código penal para el estado de Querétaro”, pero que no se contempla como delito de corrupción.
“Quiero imaginar (que el juez) les fijó la medida cautelar de prisión preventiva por necesidad de cautela, no por ser delito oficioso; la ‘Constitución’ marca que hay delitos de prisión preventiva oficiosa cuando es un delito de corrupción, pero en Querétaro no está contemplado el delito de corrupción en el ‘Código penal’”.
Refirió que el ilícito que les atribuyeron marca una pena de tres a 10 años de prisión, pero ellos hicieron uso de un derecho que se llama solución anticipada, aceptaron la responsabilidad.
“Se hizo un procedimiento abreviado en el que ellos aceptaron la culpa, por lo que a su vez aceptaron pagar el daño causado, es decir, resarcir el daño, porque es un delito que ocasionó un detrimento en el patrimonio del mismo servicio público”.
