Martín Arango García, secretario general del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que las autoridades resolvieron conforme a derecho; esto, al ser cuestionado sobre la sentencia de cinco años que el juez dictó a dos exfuncionarios públicos de la administración municipal encabezada por Marcos Aguilar Vega y que conmutó por mil 500 horas de trabajo a favor de la comunidad, luego de que resarcieron el daño al pagar casi 9 millones de pesos.
“El poder Judicial resuelve con independencia, además, la sentencia contempla tanto sanción como reparación del daño. Entiendo que un juez tiene la obligación de exigir la reparación del daño y, además de ello, determinar una sanción en razón del abanico de posibilidades que le otorga el ‘Código penal’; entonces, se estipula que si se llega a tal temporalidad de prisión, se puede resarcir por otras vías, con la finalidad de que el individuo no pase su condena en la cárcel”.
Por su parte, Paul Ospital Carrera, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que es necesario que las autoridades realicen una auditoría a fondo de todas las secretarías de la administración del expresidente municipal Marcos Aguilar Vega.
“Este se ‘cachó’ porque se detectó y se denunció, pero, ¿cuántos más no puede haber que no estén denunciados por la autoridad?”.
Recordó que los extrabajadores aceptaron su responsabilidad porque los “cacharon”; por ello, dijo, es necesario que se haga una investigación más profunda, porque quizás son más de 9 millones de pesos de recursos públicos los que se adquirieron de manera ilícita.
Pidió que el recurso que el municipio recupere sea destinado a apoyar las necesidades que surgen ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, periodo en el que muchas personas se están quedando sin trabajo ni sustento para llevar a su casa.
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