Autoridad debe vigilar cumplimiento de sanción a exfuncionarios municipales

Dos exfuncionarios de la pasada administración municipal de Querétaro, encabezada por Marcos Aguilar, fueron sentenciados por haber realizado un pago injustificado de casi 9 millones de pesos

La autoridad ejecutora debe informar el tipo de trabajo comunitario que realizarán los exfuncionarios públicos de la administración del exalcalde Marcos Aguilar Vega, a quienes se les conmutó la sentencia de cinco años de prisión por mil 500 horas de labores a favor de la comunidad, manifestó Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Querétaro.

Además, dijo, esta misma autoridad debe vigilar el cumplimiento del total de las horas que podrían ser distribuidas en cuatro, seis u ocho horas al día.

“Quiero pensar que cuando decimos trabajo en favor de la comunidad no necesariamente tienen que barrer las calles, aunque sí puede ser el caso de realizar trabajo de limpieza de una administración municipal, o pueden apoyar en trabajos en escuelas, de mantenimiento y pintura en las dependencias públicas”.

Reconoció que aunque desconoce si sea información pública, porque hay ciertos derechos humanos que intervienen para no hacer escarnio de quien pasa un proceso penal, la autoridad sí está obligada a supervisar este complimiento.

“Estoy seguro que por la calidad que tenemos en el estado de la aplicación de la ley, que la autoridad vigilará que estos exservidores públicos que afectaron el erario público cumplan con el total de las horas”.

Destacó que el Gobierno del Estado de Querétaro es muestra a nivel nacional de que la ley se aplica sin distingos de colores.

“Es lamentable lo que hicieron estos servidores públicos, pero esto es muestra de que en Querétaro hay aplicación de la ley y que las autoridades no se hacen de la vista gorda, ni se le pasa por alto a nadie una situación que vulnere o que trasgreda el estado de Derecho”.

A los exfuncionarios municipales que afectaron la hacienda de la administración 2015-2018 se les dictó una sentencia de cinco años de prisión, sin embargo como se declararon culpables y regresaron casi 9 millones de pesos, el juez les conmutó la condena por mil 500 horas de servicio a la comunidad.