Emmanuel Ramírez Hernández, integrante juvenil de SOS Discriminación Internacional Querétaro expuso que la diputada Elsa Méndez en repetidas ocasiones ha emitido juicios, ideas y comentarios que propician al odio y la violencia en contra de diversos sectores de la sociedad
Integrantes de la organización civil SOS Discriminación Internacional Querétaro pedirán a las y los diputados locales tipificar como delito los discursos de odio hacia la diversidad sexual y los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad afectados por la discriminación.
Al respecto, Emmanuel Ramírez Hernández, integrante juvenil de SOS Discriminación Internacional Querétaro precisó que, de momento, buscarán un diálogo virtual con los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y de la Juventud, para analizar una reforma en la materia.
“Pediremos penalizar los discursos de odio para evitar la propagación de la violencia verbal, digital y gráfica; para proteger la dignidad humana desde el lenguaje y poner un límite a las expresiones de odio verbales, virtuales y gráficas, generadas por prejuicios y estigmas que atentan contra la dignidad humana, así como del derecho constitucional a la no discriminación. Además, se atenta contra el derecho a la vida, pues el odio que inicia con discurso, también genera crímenes a causa de la orientación sexual, género, edad, discapacidad, entre otros”.
Manifestó que esta problemática es aún más delicada cuando proviene de una figura de representación popular, pues incluso se institucionaliza la discriminación.
Esto lo expuso toda vez que -señaló- la diputada por el Partido Encuentro Social (PES) Elsa Méndez en repetidas ocasiones ha emitido juicios, ideas y comentarios que propician al odio y la violencia en contra de diversos sectores de la sociedad.
Ramírez Hernández expuso que muchas veces los discursos de odio se amparan en la libertad de expresión, pero el límite de estos es el derecho a la no discriminación; por ello, dijo, los diputados deben garantizar que en Querétaro se cuente con un marco legal de protección para los sectores históricamente discriminados.
