Buscan proteger a familias de trabajadores que mueran en cumplimiento de su deber

El diputado local Néstor Domínguez Luna busca que las familias de los servidores públicos que fallezcan en cumplimiento de su deber accedan a una pensión con independencia del tiempo que hayan estado laborando

Néstor Domínguez Luna, diputado local del partido Morena, ingresó dos iniciativas de ley para favorecer a los trabajadores al servicio de los poderes.

La primera, dijo, es una iniciativa de reforma a la “Ley de los trabajadores del estado de Querétaro” que busca que las familias de los servidores públicos que fallezcan en cumplimiento de su deber accedan a una pensión con independencia del tiempo que hayan estado laborando.

Recordó que este derecho ya lo tienen los elementos de Seguridad Pública; sin embargo, consideró que es necesario que otros funcionarios también accedan a él.

“Sabemos que en cualquier momento pueden, en cumplimiento de su función, perder la vida; por eso es necesario garantizar que la familia quede segura por algunos años, aún después de perder la vida quien era el ingreso principal de la familia.

“Este beneficio se extendería para las familias del personal médico, protección civil, para los barrenderos y para los trabajadores del área de servicios municipales, sobre todo para quienes se suben a los postes a arreglar las lámparas y cables”.

Aclaró que en caso de aprobarse esta reforma se contemplarían, al igual que con los elementos policiacos, porcentajes diferentes a partir del tiempo que tengan firmado el contrato.

Detalló que la pensión para los deudos de servidores públicos fallecidos en sus funciones debe cubrir el monto mínimo otorgado por ley, equivalente a las pensiones por vejez, es decir, que se otorgue la mitad de su sueldo de manera quincenal o mensual a los deudos del servidor de forma vitalicia o hasta que se realicen trámites jurídicos por nuevas nupcias.

Domínguez Luna mencionó que la otra iniciativa es para que en la ley se respete la jurisprudencia generada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, que desde el 6 de marzo estableció que en las solicitudes de pensión y jubilación deben priorizarse los contratos colectivos.