Buscan poner candados para inhabilitados o sancionados por actos de corrupción

Las diputadas locales del PRI, Abigail Arredondo y Karina Careaga, propusieron armonizar la Ley Estatal de Adquisiciones y Contratación con las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción

Con la intención de que ninguna persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, pueda participar en nuevos procedimientos de licitación y contratos públicos, las legisladoras locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos y Karina Careaga Pineda, presentaron una iniciativa para armonizar la Ley Estatal de Adquisiciones y Contratación del Estado de Querétaro con las disposiciones federales que rigen el Sistema Nacional Anticorrupción.

Arredondo Ramos explicó que el objetivo de dicha iniciativa es evitar que en las licitaciones y procedimientos de contratación puedan participar quienes hayan sido sancionados por actos de corrupción, y que estén siendo investigados o bien sancionados.

“Se propone ingresar en la ley que uno de los requisitos para participar en las licitaciones, sea el no estar sujeto a un procedimiento sancionador por actos de corrupción; y que toda persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción quede suspendida del padrón de proveedores durante el tiempo que dure su sanción (3 meses a 8 años)”.

Detalló que como parte del combate a la corrupción, y a fin de garantizar que exista certeza en las adquisiciones y contratos que realicen los entes públicos, se propone que además de las sanciones que establece la ley de adquisiciones por el incumplimiento al contrato, el responsable pueda ser sujeto a los procedimientos del sistema estatal anticorrupción.

“Con esta iniciativa se busca garantizar la certeza e idoneidad de los proveedores del servicio público, por lo que con estas reformas se perfecciona y se tiene una ley más robusta en el combate a la corrupción”.

Careaga Pineda recordó que de acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, alrededor de mil 500 empresas y proveedores han sido inhabilitadas a junio de 2020.

“Con esta iniciativa se evitará en gran parte este tipo de actos, pues aquellos proveedores que han sido objeto de un procedimiento sancionador por corrupción no podrán participar nuevamente en nuevas licitaciones”.