Diputados locales presentan iniciativas para evitar delincuencia ambiental

Los legisladores locales Agustín Dorantes Lámbarri y Jorge Herrera Martínez propusieron evitar la comercialización de predios en Áreas Naturales Protegidas

Los legisladores locales Agustín Dorantes Lámbarri, del Partido Acción Nacional (PAN); y Jorge Herrera Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); presentaron dos iniciativas de ley que servirán de herramienta a las siguientes administraciones para evitar la comercialización de predios en Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, y la creación de un registro de infracciones y delitos ambientales.

Dorantes Lámbarri explicó que la primera iniciativa de ley busca adicionar el artículo 194 Bis al Código Penal para el Estado de Querétaro, para tipificar una conducta específica del tipo penal de fraude agravando la pena privativa de la libertad; con lo que se permitirá que la autoridad pueda investigar este tipo de conductas que involucran a predios ubicados en las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción estatal o municipal.

“La presente iniciativa estima que la pena debe ser proporcional al daño que podría causarse al bien jurídico tutelado y, en consecuencia, estimamos necesario agravar en una tercera parte las penas establecidas en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Querétaro”.

La iniciativa, dijo, propone una pena por vender predios en zonas protegidas de 4 meses a 5 años de prisión, con cuatro meses y hasta 240 días de multa, cuando el valor de lo defraudado sea hasta de 600 veces el valor de la UMA; de 5 y hasta 13 años de cárcel, cuando lo defraudado sea entre 600 y mil 200 veces el valor de la UMA; y de 13 a 20 años de cárcel cuando el valor de lo defraudado sea entre 666 y hasta mil veces la UMA.

La segunda propuesta, expuso Herrera Martínez, es para modificar la Ley de Protección Ambiental para contemplar la creación de un registro de infracciones y registros ambientales, para que la autoridad pueda tener más intervención en las incidencias de delitos ambientales.

“Este registro estaría a cargo de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, para georreferenciar estas incidencias ambientales para un mapa de riesgos, que deberá ser utilizado por los municipios”.

En este contexto, los legisladores reconocieron el trabajo que han desarrollado ambientalistas como América Vizcaíno y Federico Orozco-Mouret.

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