Daniela Salgado Márquez negó que la denuncia por violencia política en razón de género que interpuso ante el IEEQ en contra el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, tenga dichos fines
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Salgado Márquez, negó que la denuncia por violencia política en razón de género que interpuso ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, tenga fines electorales o políticos.
“Cualquier ley, sobre todo en la parte electoral, se puede utilizar de muchas maneras y, sobre todo, para denostar y tratar de afectar al de enfrente”.
Esto, luego de que Ochoa Valencia pidió que no se abuse de la protección que existe en la ley para combatir el delito de violencia política en razón de género.
Salgado Márquez llamó a todos los actores políticos a utilizar la ley electoral, que tanto trabajo ha costado, como debe ser y no con fines políticos.
“En ningún momento ha sido mi intención utilizar este procedimiento para fines políticos, ya que las aspiraciones que tenga el presidente municipal de Colón son válidas y son de él y ni siquiera tiene que ver conmigo, porque yo no busco la gubernatura ni la presidencia municipal de Colón”.
Afirmó que si el alcalde cree que alzar la voz como mujer para decir que algo está mal o que como persona pública está haciendo uso indebido de las redes para denostar y mandarle algún mensaje porque piensa que se les está atacarlo políticamente, está equivocado.
“A mí, ni me va ni me viene si quiere ser gobernador; yo utilicé mi derecho de alzar la voz, por eso es que la denuncia se hizo ante las autoridades correspondientes, por las vías correspondientes y se está siguiendo el procedimiento como se tiene que seguir”.
Sobre el diagnóstico que dio a conocer la Red por la Infancia y Adolescencia en Querétaro en el que revela que ningún municipio de Querétaro cuenta un plan de desarrollo en favor de las niñas, niños y adolescentes, la legisladora adelantó que la Legislatura podría exhortar a los ayuntamientos a que cumplan con lo que establece la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
