Dos denuncias penales ante la fiscalía y “varias” ante el Órgano Interno de Control del municipio de Colón son las que presentó la exregidora del PRI Adriana Lara Reyes, ante las inconsistencias detectadas en el desempeño de las funciones de algunos funcionarios públicos de las administraciones encabezadas por el presidente municipal Alejandro Ochoa Valencia desde 2015, quien fue detenido por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el estado el pasado jueves junto con dos colaboradores de su actual gestión, por un presunto tráfico de influencias.
“Yo puse dos denuncias de carácter penal, una de estas es la que vincula, y sí procedió, pero quien tiene el tema rotundo son las autoridades competentes”, indicó.
Subrayó que una de ellas fue porque el municipio exentó un pago millonario a una empresa que tenía que donar el 10 por ciento del terreno autorizado para destinarlo a equipamiento; además -aseguró-, mostraba inconsistencias en cuanto a su valor catastral.
Dicha irregularidad también fue observada por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en la cuenta pública de 2017 por haber causado un posible daño al erario público municipal en relación con la enajenación de un inmueble integrado por 55 unidades privativas para industria ligera ubicado en el Parque Industrial Aeropuerto, del cual solo se recibió un pago de 20 millones de pesos, cuyo valor catastral era de 62 millones de pesos, por lo que se causó un probable daño de más de 40 millones de pesos al erario público municipal.
La exregidora se congratuló del actuar de la fiscalía especializada, pues aseguró que esto deja un precedente de que estas prácticas sí pueden ser sancionadas y de que la denuncia y la figura del regidor es importante en los ayuntamientos.
“A mí me correspondía estar vigilando el buen funcionamiento de la administración pública municipal. (…) Me siento tranquila de haber hecho lo correcto en tiempo y forma”, sostuvo.
Finalmente, afirmó que más allá de que la detención del edil pudiera tener un tinte político, esto es consecuencia de las malas prácticas del funcionario.
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