La diputada local Elsa Méndez Álvarez, quien en noviembre de 2019 se separó de la bancada del PAN, ahora también abandonó el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social
La diputada local Elsa Méndez Álvarez notificó al Pleno del Poder Legislativo su salida de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.
Ricardo Caballero, coordinador del PES en el Congreso Local, refirió que antes de que iniciara la sesión de Pleno le notificó su decisión por lo que consideró que ya habló con los directivos de Encuentro Solidario y él prefiere mantenerse al margen.
“Es una decisión propia; yo hablé en la mañana con ella y fue lo que nos comentó, y al final de cuentas, es una decisión propia en la que ella se manifiesta como diputada independiente y debe de tener voz y voto en la Junta de Coordinación Política, atendiendo a sus intereses”.
Aclaró que no hay implicaciones jurídicas, pues Méndez Álvarez solo estuvo “por membrete” por lo que le deseó el mejor de los éxitos.
Recordó que como grupo legislativo no presentaron ninguna iniciativa pues ella siempre se manejó de manera independiente por lo que descartó que en lo subsecuente haya alguna repercusión en el trabajo legislativo.
“Para nada habrá una afectación al interior del partido, porque ella se manejaba de manera independiente al igual que un servidor; así que su salida no afecta ni cambia nada”.
Recordó que de las nueve iniciativas que ha presentado, cuatro ya se encuentran en comisión y listas para que suban al Pleno del Poder Legislativo.
“Entre las iniciativas que presenté está la de la pensión alimenticia que establece el derecho de recibir alimentos y la obligación de darlos, derivado de una resolución, que sea retroactivo al momento de nacimiento, pues actualmente el Código Civil establece que solo se podrá exigir las pensiones que se hubieran generado en un plazo de cinco años; y la otra es la de adicionar el capítulo III, Cobranza extrajudicial ilegítima, con la intención de establecer en el Código Penal como delito este tipo de cobros, con pena de seis meses a dos años, para inhibir el cobro de deudas con uso de violencia”.
