El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha incurrido este año en 39 acciones presuntamente contrarias a los derechos humanos, a la economía y al sistema democrático que, sumadas a otras presentadas con anterioridad, suman alrededor de 100 acciones posiblemente ilegales en lo que va de su administración.
Así lo dio a conocer la presidenta de la organización de la sociedad civil “Causa en común”, María Elena Morera Mitre, al presentar el estudio “El asalto a la ley”, el cual, dijo, tiene como objetivo documentar, analizar y reflexionar sobre las acciones mencionadas que debilitan el estado de derecho y la democracia.
“Lo que sí es claro, es que hay una definición política de incrementar los márgenes de discrecionalidad. Lo que sí pretendemos es que este trabajo provoque que no perdamos la panorámica de la amplia devastación que, por la vía de cambios legales, de acuerdos o de decretos, ha sufrido el país durante estos casi dos años”, refirió.
El investigador de “Causa en común”, José Francisco de Villa Soto, enumeró las posibles acciones ilegales documentadas en este año. En materia de derechos humanos, recordó, está el desabasto de medicamentos para el cáncer y VIH/Sida, la falta de insumos médicos para el personal de salud y el decreto que prohíbe el ejercicio del 75 por ciento del presupuesto para partidas generales, materiales e insumos en dependencias.
En el rubro económico, continuó, se encuentra la consulta para decidir la construcción o no de la cervecera Constellation Brands y el decreto para extinguir fideicomisos sin estructura orgánica o mandatos. En el aspecto democrático, resaltó los ataques a los organismos autónomos y la iniciativa para que el presidente tenga mayores facultades para modificar el presupuesto.
La presidenta de “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, María Amparo Casar, indicó que el único dique para contener las violaciones es recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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