El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, explicó que le fue cancelado su nombramiento como notario público a Fernando Lugo García Pelayo
Un total de 90 quejas, hasta el momento, han sido tramitadas en contra del extitular de la Notaría Pública 24, Fernando Lugo García Pelayo, dijo el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, quien señaló que, de estas, “ya se han resuelto varias” con el retiro de la patente; es decir, se canceló su nombramiento como notario.
Con independencia de lo anterior, agregó, tanto por los procedimientos administrativos que se fincaron en contra de García Pelayo por parte de la Secretaría de Gobierno, como por los asesoramientos brindados a los ciudadanos que se quejaron, se presentaron denuncias y querellas ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por lo que, refirió, el exnotario está sometido a dos procesos judiciales por diversos delitos, entre ellos el de fraude, en agravio de “varias” personas.
“La persona (el exnotario) se encuentra en los periodos distintos de impugnación, de acuerdo a los derechos que tiene para impugnar la resolución de la Secretaría de Gobierno, que ha resuelto en cuatro procedimientos la destitución y el retiro de la patente de notario. (…) Existen procedimientos pendientes, existen trámites que se están todavía realizando, obviamente, no los puedo especificar en estos momentos”, puntualizó.
El responsable de la política interna en la entidad aseguró que la dependencia a su cargo atiende las quejas de los ciudadanos; por lo que los invitó a presentar su inconformidad ante dicha instancia con la documentación que acredite las irregularidades.
“Estamos revisando hasta dónde se encuentra la afectación de los ciudadanos, de acuerdo a las instrucciones que me ha dado el señor gobernador y, en esa medida, ya inició la Dirección de Desarrollo Político el acercamiento respectivo con los ciudadanos para que tengamos con mucha claridad el número de personas y hasta dónde alcanza el daño, tanto jurídico, económico, como también la afectación que se ha dado a los diversos derechos y potestades de las autoridades”, manifestó.
