Marcela Ávila-Eggletón explicó que la propuesta planteada pretende que este esquema de concientización sea difundido exclusivamente en los medios institucionales
Además de los lineamientos establecidos para el proceso de elección de rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para el periodo 2021-2024, se planea lanzar -a la par- una campaña de ciudadanía digital, a fin de fomentar el uso adecuado de las redes sociales y demás medios sociodigitales para evitar las denostaciones y otros actos sancionables.
Así lo informó la presidenta de la Comisión Electoral, Marcela Ávila-Eggletón, quien explicó que la propuesta planteada pretende que este esquema de concientización sea difundido exclusivamente en los medios institucionales.
“Claramente no podemos coartar la libertad de expresión, no podemos bloquear las páginas de Internet; sabemos que los perfiles se crean de una manera muy rápida y muy fácil. Entonces, la responsabilidad es de las y los candidatos de publicar en sus redes personales únicamente lo que se ha aprobado por la comisión; en caso de que haya ataques o se publiquen cosas fuera de esos espacios, la Comisión Electoral actuará en función de las denuncias. Sabemos que Internet es un espacio plural y grande que no podemos controlar”, detalló.
Dentro de las conductas sancionables que establecen los lineamientos del proceso se estipulan anotaciones para aquellos que utilicen propaganda y medios de comunicación no avalados por la comisión electoral; asimismo si hacen uso de las redes sociales e internas -propias y ajenas- en perjuicio de cualquier miembro de la comunidad inmerso en el proceso electoral.
Las conductas sancionables aplicarán para los candidatos, representantes de candidatos, docentes, empleados y estudiantes.
En el caso de que estudiantes y docentes incurran en conductas reprobables y sancionables, dijo, serán turnados directamente al Consejo Universitario para determinar las sanciones respectivas.
Tratándose del personal académico, subrayó, la Comisión Electoral turnará la denuncia a la Secretaría de la Contraloría.
En caso de que se acredite desviación de recursos institucionales para favorecer o perjudicar a algún candidato, la sanción incluirá el resarcimiento del daño, hasta el equivalente a otro tanto del monto desviado.