Ricardo Caballero González explicó que buscan reformar el artículo 17 y adicionar el artículo 17 Bis a la “Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro”
El coordinador de la fracción legislativa del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso local, Ricardo Caballero González, ingresó dos iniciativas de ley; una es para que la autoridad señale e informe en el escrito de prevención o en cualquier respuesta, los plazos para subsanar correcciones en trámites como la licencia de construcción y, la otra, para establecer tarifas y padrones de concesionarios de servicios de salvamento y arrastre, así como el de depósito y guarda de los vehículos.
Explicó que en la primera busca reformar el artículo 17 y adicionar el artículo 17 Bis a la “Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro”.
“Existen diversos trámites en nuestro estado en los que no se realiza una prevención antes de la determinación de la autoridad respectiva, pese a que la normativa en mención, establece en su artículo 17 la obligación de hacerlo”.
Agregó que es necesario adicionar el artículo 17 Bis para garantizar que no exista menoscabo en la economía del solicitante y respetando el principio de economía procesal, se busca establecer que dichas correcciones deberán ingresarse como parte del mismo trámite, a través del número de folio o expediente ya existente, y sin que se le requiera nuevo pago o remuneración complementaria al interesado.
La otra iniciativa es para reformar y adicionar diversas disposiciones a la “Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del estado de Querétaro”.
“Uno de los objetivos de la iniciativa es señalar la prohibición de que se estipulen o cobren tarifas mayores a las de un servicio normal, por el simple hecho de que dicho servicio provenga o resulte de una infracción o sanción de las autoridades ante las irregularidades que existen en el cobro excesivo de los concesionarios del servicio de salvamento y arrastre, así como el de depósito y guarda de vehículos, posicionando al usuario en un estado de indefensión ante los abusos por los altos cobros, o cobros indebidos de estos servicios”.