Con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos y atender el veto que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, realizó a las reformas aprobadas el 30 de abril pasado por la Legislatura Local a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Querétaro, además de atender las reformas que en la materia se dieron a nivel federal, diputados locales disminuyeron las penas por contagio de enfermedades prevenibles, como lo es el COVID-19.
La reforma obedece también a que se prevenga la incertidumbre económica o la falta de certeza sobre la propia salud, debido a que, en diversos lugares -incluyendo la capital de nuestro país- se dieron hechos de violencia, saqueos, extorsiones y otras conductas delictivas por parte de grupos que aprovecharon el descontrol derivado de la pandemia.
Así lo informó el diputado Agustín Dorantes Lámbarri, en sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, quien apuntó que este ajuste deriva en más penas administrativas -como lo es el trabajo en favor de la comunidad-, que punitivas –como lo sería la privación de la libertad-.
Lo anterior, luego de que el pasado 2 de julio, el titular del Ejecutivo del estado presentó observaciones a dicha reforma, en las que expresó su preocupación por contener penas demasiado altas.
“Solicitó a esta Legislatura analizar de nueva cuenta la reforma y, en su caso, corregir las penas, proponiendo, incluso, la posibilidad de instaurar penas alternativas a la prisión, tales como el trabajo en favor de la comunidad”, explicó el presidente dicha comisión.
Durante la discusión se asentó que había algunos puntos que podían ser mejorados, en aras de proteger las libertades y derechos de la población, pero sin ignorar que la nueva situación de emergencia sanitaria exige que el Estado cuente con mejores normas que permitan a la autoridad actuar en un marco de legalidad, en caso de ser necesario, por lo que dictamen propone también penas alternativas a la prisión.
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