La coordinadora de Morena en el Congreso Local, Paloma Arce, adelantó que impugnarán las reformas al Código Penal del Estado de Querétaro. Foto: Especial
Paloma Arce Islas, coordinadora del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso Local, adelantó que una vez que se publiquen las reformas al “Código Penal para el estado de Querétaro”, aprobadas recientemente por la LIX Legislatura, presentará, con sus compañeros legisladores, un recurso de inconstitucionalidad por considerar que al menos tres artículos criminalizan a la ciudadanía y nada tienen que ver con combatir los contagios de COVID-19 durante la pandemia y de protección para el personal del sector salud o de Protección Civil.
“Vamos a terminar de analizar si (el recurso de inconstitucionalidad) es en toda la ley o solo a algunos artículos, pues yo mencioné que tres artículos que no tenían absolutamente nada que ver con la pandemia y el Partido Acción Nacional aprovechó esta situación para meter cosas que a su parecer se podían modificar, me refiero a los artículos 287, 288 y 289 del Código Penal; los cuales contemplan sanciones contra quienes convoquen a reuniones, así como a manifestaciones en obras públicas”.
Recordó que la acción de inconstitucionalidad se presentará una vez que la ley se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “Sombra de Arteaga” y a partir de entonces tendrán 30 días naturales para presentar este recurso.
Consideró que aunque las penas a estos artículos ahora son menores, las sanciones criminalizan la protesta a pesar de que, durante la pandemia, los ciudadanos se han comportado con civilidad.
“Esos artículos ni siquiera deberían de estar en la ley y no se trata de aumentarle poquito o mucho a las penas, sino que no se modifiquen y a pesar de eso los vuelven a modificar y los vuelven a integrar en la ley cuando nada tienen que ver con la pandemia; es un abuso por parte los diputados que hicieron estas propuesta porque están aprovechando el tema de la pandemia para criminalizar a los ciudadanos”.
Como ejemplo, dijo, se aumentó la pena al artículo 289 para quien procure, con actos materiales, impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos.
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