Piden aprobar dictamen para pensionar a familia del personal de salud fallecido por COVID-19

La Comisión de Salud del Congreso Local aprobó exhortar a la Profeco para que evite cobros excesivos, desmedidos e injustificados a familiares de pacientes con COVID-19 en hospitales privados

Karina Careaga Pineda, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), urgió a sus compañeros legisladores a analizar y discutir la iniciativa que busca pensionar a la familia de los trabajadores del sector salud que han fallecido en el marco del COVID-19 en el estado de Querétaro.

Recordó que en junio pasado su compañera de bancada, Abigail Arredondo Ramos, presentó la iniciativa la cual no ha sido turnada a comisión.

“Desde mi punto de vista, celebro todo lo aprobado; pero es insuficiente, porque la pandemia sigue y se la siguen jugando. Debemos seguir generando situaciones de apoyo, dándole seguimiento a estas iniciativas, que se deben sacar en las comisiones”.

En otro tema, la legisladora local priista refirió que la Comisión de Salud aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Delegación Querétaro, para que en ejercicio de sus atribuciones, realice inspecciones, requerimientos o revisiones en nosocomios, clínicas u hospitales, a fin de evitar el cobro excesivo, desmedido o injustificado por la prestación de servicios médicos o de atención clínica.

Enfatizó que esta iniciativa surgió de la preocupación constante de que cuando un familiar en estos tiempos de pandemia es diagnosticado con COVID-19, y por la urgencia requiere ser ingresado a un hospital privado, las personas se enfrentan a que los anticipos y condiciones que solicitan en los nosocomios, son variados y excesivos, ya que en algún momento les solicitan la firma de pagarés en blanco, hasta depósitos en garantía de más de 150 mil pesos.

Cuestionada sobre la declaración del delegado de la Profeco, Juan Rodríguez Valle, en el sentido de que ellos no pueden actuar sin una denuncia, Careaga Pineda enfatizó que solo debe hacer valer los derechos que el artículo 28 constitucional le reconoce a los consumidores, para que estos tengan la libertad de acceder al servicio que mejor les convenza o que sea acorde a sus necesidades.

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