La Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso del Estado de Querétaro avaló reformas al artículo 84 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos y al artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal
Los legisladores que integran la Comisión de Planeación y Presupuesto en el Congreso de Querétaro aprobaron la iniciativa de reforma al artículo 84 de la “Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del estado de Querétaro” y al 112 de la “Ley Orgánica Municipal del estado de Querétaro” que fortalecerá el sistema legal que rige a los ayuntamientos en este tema del manejo de recursos públicos.
En la iniciativa que presentó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes Lámbarri, se explica que los gastos de transición entre administraciones están contemplados en las leyes. Esta previsión permite que la administración entrante cuente con recursos para elaborar sus planes de trabajo, planes de desarrollo o proyectos de gobierno.
De igual forma, a nivel federal, estos gastos están contemplados en el artículo 43, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que se podrá aportar recursos en el correspondiente presupuesto de egresos, para cubrir gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del presidente de la República electo.
A nivel estatal, estos fondos se prevén en el artículo 84 de la “Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del estado de Querétaro”, el cual establece que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como los municipios, contemplarán estos recursos para gastos de transición; pero también el artículo 112, fracción X, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro prevé esta posibilidad, utilizando una fórmula distinta a la que se prevé en la “Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del estado de Querétaro”.
Por lo que al existir dos preceptos legales que regulan el mismo supuesto jurídico, se encuentran frente a una contradicción.
Por ello, con estas modificaciones se resolvería esta contradicción, se evitaría su repetición y se fomentaría un gasto racional del presupuesto, generando certeza y seguridad jurídica para todos los servidores públicos municipales que, al final de cada administración, tienen que enfrentar esta incertidumbre.
