Integrantes del Frente Feminista Nacional pidieron que el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no publicar las recientes reformas al Código Penal
Pedimos al gobernador Francisco Domínguez Servién que no publique en La Sombra de Arteaga las reformas al Código Penal, -coloquialmente conocida como “Ley Garrote”-, demandó la integrante del Frente Feminista Nacional, Dalia Banda Flores.
“Una vez que suceda esto, entonces se tendría que recurrir desde la Legislatura para meter una acción de inconstitucionalidad”, detalló.
La activista abundó que movimientos sociales del estado ya están articulados y han entablado una reunión con la ombudsperson de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Roxana Ávalos Vázquez para encaminar la acción de anticonstitucionalidad.
“Ella lo que menciona es que están realizando una investigación exhaustiva, que sí encuentra elementos; una postura como tal no pudo tomar, porque está en un momento en que no se puede tomar una postura clara al respecto, pero sí mencionó que su equipo está priorizando este tema”.
Banda Flores acusó que el pasado 30 de octubre durante la sesión de pleno de la LIX Legislatura, 18 legisladores del PAN, PRI, PVEM, PES y QI, aprobaron reformas que criminaliza la legítima protesta de los movimientos sociales en el estado.
En ese sentido, expresó que las diferentes colectivas, organizaciones y activistas feministas rechazan estas modificaciones de índole penal, pues saben que, en el fondo, el Congreso Local aprobó una “política criminal que concibe a la protesta social como un delito”.
Recordó, Dalia Banda que el artículo 221 de Código Penal Local relativo a la provocación de cometer un delito o hacer apología de éste, fue reformado para incrementar sus penas. Sanciona hasta con seis años de prisión a quien invita a causar daños, que dijo “no conformes con el tipo penal”, se incrementará hasta 9 años de prisión si el daño es a bienes públicos.
“Evidentemente, este artífice de delito es un mecanismo legal hecho a modo para hacer retroceder la protesta feminista y desarticular a nuestro movimiento. Igualmente, se busca criminalizar a nuestras colectivas convocantes de marcas y acciones públicas presentándonos como incitadoras del delito”.
