Las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje “no son las que desearíamos”, consideró el presidente de la Barra Queretana Colegio de Abogados, Miguel Gonzalo Palacios Rendón, quien añadió que, en este sentido, las autoridades deben trabajar en lo sucesivo para cambiar las condiciones de estas y, de esta manera, proteger a los trabajadores y funcionarios.
Lo anterior, al preguntarle sobre las declaraciones del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro, Juan Francisco Mena Vega, en el sentido de que las instalaciones de las Juntas Especiales en la capital “son pequeñas y estamos un poco aglomerados”, por lo que, dijo, “una gran cantidad de personas” tuvo contacto con uno de los trabajadores que dio positivo a COVID-19.
“Nosotros lo hemos propuesto (mejorar las condiciones de las Juntas), sabemos que hay un tema de presupuesto, sabemos que la instalación de la nueva justicia laboral también implicará un presupuesto tremendo. La vida ha cambiado, no solamente para las Juntas, sino para todas las oficinas de gobierno, pues las condiciones en las que han trabajado, especialmente la gente de escritorio, pues no están preparadas para una situación como la que vive actualmente el mundo y Querétaro. Creo que, eventualmente, será responsabilidad del gobierno, de las autoridades, tomar decisiones al respecto”, refirió.
Sobre la medida tomada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje -ante la confirmación de dos casos de coronavirus- de aislar a 26 trabajadores hasta que se realicen la prueba de COVID-19 y diferir las audiencias en las Juntas Especiales 2 y 3 de Querétaro y 4 de San Juan del Río, Miguel Gonzalo Palacios manifestó que fue una decisión prudente.
“Estamos viendo en Querétaro el momento más difícil, que desde marzo hasta acá se ha vivido, es tristísimo lo que están viviendo las familias, los queretanos, y pues ni modo, habrá consecuencias que nos duelen, nos pesan profesionalmente”, mencionó.
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