La pobreza y la pobreza extrema, la informalidad laboral, así como la precariedad de los ingresos, hacen más preocupante el impacto socioeconómico de COVID-19; además de que, estos factores, dificultan o impiden a millones de personas de la región de las Américas tomar las medidas básicas de prevención -como el confinamiento- para prevenir y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Lo anterior fue expuesto por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, durante su participación en el tercer Congreso Nacional “El Impacto de la Contingencia Sanitaria por Covid-19 en el disfrute y goce de los Derechos Humanos”, organizado por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro A.C., el cual, ante la pandemia de coronavirus, se realizó de manera virtual.
“En la región se observa la persistencia de flagelos, tales como la corrupción y la impunidad. En la Comisión nos preocupa sobre manera el incremento de denuncias sobre violencia de género durante el confinamiento. En la región, también, nos preocupan las graves crisis penitenciarias en razón del hacinamiento, la sobrepoblación que se da en las prisiones, pero también la extensión del fenómeno de la migración y del desplazamiento forzado”, puntualizó.
En cuanto a las medidas restrictivas para proteger a la población del coronavirus, Joel Hernández indicó que deben contener cuatro elementos básicos: legalidad, que estén fundadas en la ley; necesidad, ya que deben ser requeridas para atender la crisis de salud; proporcionalidad, por lo que tienen que estar dirigidas a proteger la salud; y temporalidad, es decir, deben durar un tiempo determinado.
“No se puede hacer que estas medidas duren al infinito, aun cuando hemos visto en el mundo que la pandemia ha durado más de lo que pudimos imaginar y que en algunos países están ya en la segunda ola, esas medidas deben tender a ser temporales”, sostuvo.
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