La DDHQ consideró que la reforma al Código Penal del Estado de Querétaro contraviene diversas disposiciones de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos y de tratados internacionales firmados y ratificados por México
Tras haber realizado un análisis jurídico de la reforma al Código Penal del Estado de Querétaro, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dichos cambios legales, que fueron aprobados por el Congreso Local.
Por medio de un comunicado de prensa, el organismo constitucional autónomo informó que consideró que algunas de las modificaciones realizadas a dicha norma jurídica contravienen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de diferentes tratados internacionales firmados y ratificados por México.
Aunque la DDHQ admitió que las autoridades deben implementar acciones para contener la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, “se advierte que algunos artículos de la reforma en comento pueden afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, cuestión que debe cumplir con los criterios científicos, razonables, así como estrictamente necesarios y proporcionales; consideraciones que pasaron inadvertidas por las autoridades”, detalló.
La reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado de Querétaro fue avalada, en primera instancia, el 30 de abril de 2020 por el pleno de la 59 Legislatura; sin embargo, el gobernador Francisco Domínguez Servién realizó observaciones y la devolvió al Poder Legislativo.
Posteriormente, las modificaciones fueron aprobadas nuevamente el 30 de octubre del año pasado por el Congreso Local y promulgadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 18 de diciembre de 2020.
Después de la aprobación de dichos cambios legales, los seis diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunciaron su intención de impugnar estas modificaciones ante la SCJN a través de una acción de inconstitucionalidad; para lo cual, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
