Acusan omisión de la Fiscalía General ante denuncias por violencia y abuso sexual

Luego de que Gabriela presentara denuncias en 2017 contra su expareja sentimental por presunta violencia física, psicológica y económica, afirmó que 4 funcionarios de la Fiscalía General habrían incurrido en omisión

Gabriela, quien desde 2017 ha presentado cuatro denuncias en contra de su expareja sentimental por presunta violencia física, psicológica y económica; además de abuso sexual en agravio de su hija menor de edad, aseguró que cuatro servidores públicos de la Unidad 4 de la Fiscalía del Estado de Querétaro incurrieron en omisión.

“Mi nombre es Gabriela, me encuentro en la Unidad 4 de la Fiscalía para alzar la voz, no lo hago sola; estoy acompañada de organizaciones de la sociedad civil y de otras personas que se suman a la indignación de mi caso y de cientos de casos semejantes al mío y que han vivido violencia institucional, negligencia y revictimización por parte de los sectores del Estado. La violencia institucional nos deja en una situación de indefensión y violenta nuestros derechos de un acceso a la justicia y a una vida libre de violencia”.

Explicó que tras separarse de su expareja sus hijos fueron obligados a convivir con su papá, extrabajador de la fiscalía y quien presuntamente en 2017 abusó sexualmente de su hija de 3 años cuando se encontraban en el Centro de Conveniencias Familiares de Querétaro (CECOFAM).

“A pesar de que las autoridades solicitaron a Corazones Mágicos realizar las pruebas y de confirmarse el abuso hacia mi hija, la fiscal desestimó las pruebas diciendo que probablemente el padre de mi hija la había limpiado bruscamente en el baño; también en diciembre pasado me retiraron la protección a pesar de que en su declaración mi expareja afirmó que iba a cometer feminicidio y archivaron todas las carpetas de investigación”.

A través de un comunicado, Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que respecto al abuso sexual en contra de una niña en las instalaciones del CECOFAM se realizaron las investigaciones pertinentes y se dictaron medidas de protección a su favor.

Aclaró que desde el 2016, el imputado dejó de formar parte de dicha institución sin que su entonces relación haya determinado la conducción de la carpeta de investigación, además de que la fiscalía audita por parte de la Contraloría, el trabajo de las servidoras públicas que llevaron el caso.

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