Paloma Arce Islas, coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso Local, ingresó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de Querétaro, a fin de que una vez que el personal de salud sea vacunado, atienda en sus domicilios a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres con embarazos de alto riesgo.
“La salud es un derecho que está previsto en la Constitución en su artículo cuarto, siendo una responsabilidad social, por lo que el Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general creando los mecanismos necesarios para el acceso universal”.
El objetivo de este programa, dijo, es garantizar el derecho a la salud y que no haya inconvenientes de movilidad.
“Uno de los principios para prestar servicios de salud del Estado es que sea accesible a toda la población y que tenga una accesibilidad física y económica, y en estos tres grupos muchas veces no se cumple una o ninguna de las dos; por eso se busca que estos grupos reciban atención médica de primer nivel en sus domicilios, que se lleve un control y seguimiento de sus padecimientos, y que se mantenga una rutina de visitas mensuales”.
Explicó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se tiene el registro de que el 15 por ciento del total de la población queretana tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 355 mil personas, de las cuales 4.1 por ciento tienen discapacidad, el 1.2 por ciento de la población tiene alguna condición mental y el 10.3 por ciento presenta problemas de limitaciones.
“En personas adultas mayores, el 6.7 por ciento son mayores de 65 años; por lo que será la Secretaría de Salud la que evalúe qué personas de este sector pueden ser parte de este programa (…) Arroyo Seco es el municipio que concentra la mayor población de adultas mayores, en un 13.2 por ciento del total de su población; mientras que en Querétaro se tiene el 6.7 por ciento, es decir, más de 156 mil personas”.
Aseguró que en caso de que esta iniciativa se apruebe se tendrá que designar un presupuesto para su aplicación, a partir del 2022.
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