Un país moderno no puede tener interrupciones en el suministro de energía eléctrica, “eso es Venezuela”, dijo el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra
Además de que los apagones son una situación preocupante, un país moderno no puede tener interrupciones en el suministro de energía eléctrica, “eso es Venezuela”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.
Lo anterior, al preguntarle sobre los cortes en el suministro eléctrico que se han presentado en los últimos días, mismos que han afectado a diferentes estados del país, entre ellos Querétaro, donde los usuarios han reportado fallas en este servicio brindado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Entendemos que la Comisión Federal de Electricidad quiere reforzarse y eso está bien, pero no a costa del resto de las generaciones de energía y, por otro lado, si hay algo que esté mal en la venta del gas, que se corrija, pero no puede estar mal que, digamos, un problema que es de todos lo resolvamos en combinación el sector privado y el gobierno”, enfatizó.
Sobre la iniciativa para reformar la “Ley de la industria eléctrica” que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la Cámara de Diputados federal, Jorge Rivadeneyra consideró que todo lo que no privilegie el esfuerzo de que la energía sea un tema que se aborde entre el Estado y la iniciativa privada va en detrimento del consumidor.
“El Estado debe tener un papel importantísimo en la generación de electricidad, pero sin coartar el derecho de la iniciativa privada a participar; si se coarta ese derecho, eso le va a pegar al consumidor final y es lo que estamos viendo, y aparte, el Estado, por razones históricas, está usando los combustibles que más contaminan, entonces, ahí hay un daño sí al consumidor por el valor, por el costo, pero también hay un daño al ambiente”, refirió.
La iniciativa presentada por el mandatario federal, señaló este lunes la Comisión Federal de Competencia Económica, se traduciría en tarifas más altas para los consumidores, por lo que recomendó al Congreso no aprobarla.
